¿Están Garantizadas Nuestras Pensiones? Desmontando Mitos

Por  Pablo Archel Domench (*) (Diario De Noticias. Mayo 2009)

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Circula por Internet un trabajo de Vicenc Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, en el que cuestiona algunos de los dogmas que se vienen propagando últimamente por determinados medios acerca de la insostenibilidad del actual sistema de pensiones. Aun a riesgo de ser repetitivo, este trabajo se une a otras voces empeñadas en desmontar algunos de los argumentos mantenidos por la gran banca, sus fundaciones y líderes políticos conservadores que pregonan la necesidad de revisar el actual marco que determina el sistema de pensiones.

 A este influyente coro se unen destacadas personalidades como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, o Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, que aprovechan cualquier comparecencia pública para, igualmente, reclamar reformas en el sistema de pensiones con argumentos muy similares. Así, no deja de sorprender que el discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados por Joaquín Almunia ante la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo (el que regula el sistema de pensiones) el pasado 28 de abril, sea muy similar en su diagnóstico y propuestas al pronunciado 13 días antes por el del gobernador del Banco de España también ante el Congreso de los Diputados.

 Las recomendaciones de todos estos actores suelen estar basadas en estudios “solventes” realizados desde organismos “independientes” que, tras advertir del colapso al que irremediablemente llegaríamos de no hacer caso a sus propuestas, presentan una serie de medidas necesarias para garantizar el sostenimiento del sistema de pensiones. Retrasar la edad de jubilación (desde los 65 años actuales a 67 ó 70) y reducir el importe de la misma (imponiendo condiciones más severas para su determinación) son las principales recomendaciones que se proponen, todo esto como digo, desde el respaldo de “solventes” estudios. Adicionalmente, dado el futuro apocalíptico que predicen estas investigaciones y en vista de la incertidumbre que siembran sobre la solvencia del sistema público de pensiones, algunos estudios suelen concluir recomendando la contratación de planes privados de pensiones.

 Pero no hay que perder de vista que algunas de las instituciones involucradas en la financiación de estos estudios son la fundación Funcas (de las Cajas de Ahorro) y la fundación del BBVA, cuyo banco matriz es el gestor de algunos de los fondos privados de pensiones más importantes de países de América Latina como Bolivia, Argentina o Chile, entre otros. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), las comisiones cobradas a los clientes argentinos desde 1994 por la gestión de sus planes ascienden a 11.670 millones de dólares, lo que da una medida de los grandes beneficios que aporta la aparición de los sistemas privados de pensiones.

 Hablando del rigor con el que se realizan algunos de estos estudios, el profesor Navarro advierte de los errores metodológicos presentes en algunos de ellos. Estos estudios vati-cinan que, debido al envejecimiento de la población, mientras que en 2007 España destinó el 8,4% del PIB a gasto público en pensiones, este porcentaje subirá al 15,1% en el año 2060, con lo que dejarían de atenderse otros servicios esenciales como educación, sanidad o infraestructuras. Parece lógico, pero el argumento es erróneo. Veamos.

 Las estimaciones del Banco de España y de la Comisión Europea no han tenido en cuenta el más que probable crecimiento del PIB en el periodo comprendido entre 2007 y 2060. Si se considera un incremento de tan sólo el 1,5% anual (aunque ahora el PIB decrece, los últimos años han sido testigos de crecimientos superiores al 3%), un PIB de 100 en el año 2007 se habrá convertido en 225 en el ario 2060. Esto significa (perdón por la avalancha de cifras, pero el rigor lo exige), que las 8,4 unidades de PIB que en 2007 se dedicaban a pensiones, se habrán convertido en 33(15% de 225) en 2060, con lo que quedarán libres para otros destinos nada menos que 225 – 33 = 192 unidades, cifra muy superior alas 91,6 (100 -8,4) que ahora se liberan del PIB una vez atendidos los compromisos por pensiones. Por tanto, ni la sanidad ni la educación pública deberían verse amenazadas por el mantenimiento del sistema público de pensiones.

 Y por lo que al retraso de la edad de jubilación respecta (algún estudio plantea 70 años), mi opinión es que se trata de una propuesta tremendamente insolidaria, más teniendo en cuenta que las personas con menores rentas tienen una esperanza de vida inferior en 10 años a la que disfrutan las clases más acomodadas, de rentas mayores, cuya salud está más protegida. De ahí que pedir que las personas con bajos salarios financien la jubilación de la gente más acomodada que vivirá más años sea, además de injusto, tremendamente insolidario.

 Hay países europeos donde está totalmente prohibida la jubilación forzosa, un alivio para las arcas públicas

El comisario europeo y el gobernador del Banco de España (además de la CEOE) deberían mirar a la práctica generalizada de prejubilaciones forzosas que se ha practicado (y todavía se practica) en España, sobre todo en las grandes empresas y en el sector financiero, con el fin de sanear sus cuentas de resultados a costa del erario público. En algunos países europeos está totalmente prohibida la jubilación forzosa, lo cual supone un alivio para las arcas públicas. Además, la adopción de esta medida en España supondría que la gente que quiera seguir trabajando pueda hacerlo, continuando con sus aportaciones periódicas al fondo de pensiones que, sin duda, le reportarán una mayor jubilación al finalizar su vida laboral.

Pero lo curioso de todos estos estudios realizados por “expertos independientes” es que se realizan -dicen ellos- desde la más absoluta “objetividad” y sin ningún tipo de ideología. Todo se hace en pos de la modernidad y el progreso. Pero el tono tremendista con el que se formulan las predicciones de los expertos oficiales tiene el propósito de sembrar incertidumbre entre una ciudadanía temerosa que dedicará parte de sus ahorros a alimentar las cuentas de resultados de las entidades financieras, que ya se frotan las manos ante el negocio que se vislumbra. Como dice el profesor de teoría política David Mc Lellan (Ideology, Open University Press), más que ante el fin de la ideología, estamos ante la ideología sin fin. O, si lo prefieren, como lo cantan los venezolanos de Guaraguau, no te dejes engañar/ cuando te hablen de progreso/ porque tú te quedas flaco/ y ellos aumentan de peso.

* Profesor de Economía Financiera y Contabilidad

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