Conclusiones Trabajo Miguel Laparra


La crisis que venimos atravesando desde el año 2007 a nivel internacional es
de una extraordinaria complejidad y sus efectos sobre algunos rasgos básicos
de nuestras sociedades no han hecho sino comenzar. Existe el riesgo de
que la crisis nanciera de 2007 esté evolucionando hacia una crisis de la
cohesión social a partir de 2010, al menos en ciertos países como España, y
en ese proceso de transformación interactúan factores diversos que se retroalimentan
mutuamente. No es fácil así predecir hasta dónde puede verse
afectada la cohesión de unas sociedades como las europeas, que habían hecho
de este rasgo un elemento de identidad. La crisis nanciera y la crisis de
la cohesión social son los dos extremos de ese complejo proceso causal y se
nos muestran de una forma radicalmente opuesta en la esfera pública. Debido
al carácter estratégico del sector !nanciero, el debate público y las
preocupaciones de los responsables políticos se han centrado mucho en él,
así como en los grandes factores que condicionan su evolución: la gestión
del dé!cit público, la asimilación de la burbuja inmobiliaria o la evolución
de la actividad económica general. Por el contrario, la cuestión de la cohesión
social, con sus principales determinantes, el mercado de trabajo y las
políticas sociales, se plantean preferentemente desde la perspectiva de consecuencias
no deseadas, sin atender al carácter estratégico que tienen tanto
desde la perspectiva de la inversión social, que enfatiza la productividad del
factor humano, como de la sostenibilidad social, que nos plantea la necesidad
de preservar el capital social, entendido como «la riqueza que supone el
conjunto de instituciones, de relaciones comunitarias, de pautas culturales
que aumentan las potencialidades de una sociedad para enfrentarse a los
retos futuros» (Laparra, 2012).
En el esquema siguiente hemos tratado de presentar las interrelaciones causales
de esta crisis, partiendo de la crisis “nanciera que se desencadenó en
Estados Unidos a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria. La mostramos
en cuatro procesos distintos, que se han venido sucediendo y superponiendo
en el tiempo unos a otros.

Más allá de las interrelaciones entre la crisis financiera, las finanzas públicas
y la dinámica de la actividad económica, en este trabajo hemos tratado de
profundizar en el impacto social que han tenido la crisis de empleo a partir
de 2009 y las políticas de ajuste a partir de 2011. Conviene, sin embargo,
concebir estos procesos dentro de todo el complejo de relaciones causales
que vienen retroalimentando la crisis económica desde 2007 y que puede
observarse en el esquema anterior. Mostrándonos el carácter sistémico de la
crisis, esta perspectiva más amplia permite, en primer lugar, plantearse algunas
previsiones en cuanto a sus efectos sociales: la reproducción ampliada
de la crisis nanciera a la que asistimos en el momento de cierre de este estudio,
si no se introducen medidas y factores correctores, volverá a desencadenar
en los próximos años otra onda expansiva que intensicará los efectos
sobre la cohesión social durante un buen tiempo; en segundo lugar, la
intensidad de los procesos actuales, que afectan a todos los elementos del
sistema, así como su prolongación en el tiempo, nos sugieren la necesidad
de concebir esta crisis no como un mero fenómeno coyuntural, cuyos efectos
corregirá el cambio de ciclo, sino más bien como un proceso de transformación
estructural en el que las principales características de nuestro modelo
social podrían estar cambiando, posiblemente a peor.
Dentro de este panorama general, que sería ampliamente trasladable al
ámbito internacional, con nuestro análisis comparativo hemos querido
destacar las diferencias notables con las que distintos países se han venido
enfrentando a esta crisis económica. Y hemos visto que en ocasiones esas
respuestas pueden amortiguar notablemente el impacto social de la crisis
económica, pero también, en otros casos, pueden llegar a intensicarlo.
Entendemos que, de esta comparación, pueden extraerse importantes
aprendizajes para mejorar nuestra capacidad colectiva de hacer frente a
estos momentos de dicultad.

Impacto desorbitado de la crisis en el mercado de trabajo
Es sobradamente conocido el desproporcionado impacto que la crisis económica
ha tenido en el aumento del desempleo en España, lo que en ocasiones
se ha puesto de maniesto con la rigidez del mercado de trabajo y la
sobreprotección de las relaciones laborales. Del análisis comparativo se
desprende, sin embargo, que más que a una cuestión cuantitativa –más o
menos !exibilidad– nos enfrentamos a una diferencia cualitativa que tiene
que ver con el modelo de !exibilidad y con la gestión política y empresarial
que se hace de ella.
Sabemos que la relación entre la dinámica económica y la evolución del
empleo no presenta siempre una relación directa –depende de la productividad
y la distribución del tiempo de trabajo–. Esa variabilidad fue señalada
ya en los informes de la UE que abordaban esta cuestión en las primeras
fases de la crisis (EU-SPC y EU Commission, 2009). Especialmente relevante
parece el ejemplo mostrado a este respecto por la OIT (Torres, 2009):
la reducción de las horas trabajadas en España (–2% en 2009 respecto del
año anterior) fue menor que la media de un total de 35 países de PIB alto
(–2,2%), frente a una reducción de –3,8% para Dinamarca y –3,1% para
Alemania, que presentaban un impacto mucho más reducido en la tasa de
desempleo. En este último país, en aquel momento se habían incorporado
ya 1,5 millones de trabajadores al programa de reducción subvencionada de
la jornada (Kurzarbeit). La relación entre ambas cuestiones es obvia.
El modelo de mercado de trabajo dualizado en España ha demostrado un
extraordinario nivel de !exibilidad, sobreactuando en su reacción a la reducción
de la actividad económica, y el número de desempleados se ha multiplicado
por 2,7. El ajuste se ha concentrado en el sector secundario de los
empleos temporales, de baja cuali”cación, y ha afectado muy especialmente
a los jóvenes y a los extranjeros.
En contraste, el caso francés, con un mercado de trabajo también aparentemente
dualizado, pero con un modelo de gestión política y empresarial de la
!exibilidad muy distinto, ha permitido mantener mucho más el empleo gracias
a los altos niveles de protección social y laboral, y también a una práctica
amplia de la !exibilidad interna, que, por otro lado, ha generado un
volumen importante de subempleo. Aquí las di”cultades de los extranjeros
en la inserción laboral eran previas a la crisis, pero no se han experimentado
cambios signi”cativos en este sentido.
En el Reino Unido, el modelo de !exibilidad generalizada, con fuertes incentivos
negativos por la debilidad de los sistemas de protección al desempleo,
ha ocasionado el aumento tan significativo del desempleo, un 69%
hasta 2010 –con una concentración también importante en ciertos sectores
de hogares sin empleo–, y sobre todo han empeorado las condiciones de
trabajo y la remuneración salarial. Sin embargo esto ha sido parcialmente
compensado por un sistema de protección de mínimos muy pensado para
la cobertura social del subempleo y del empleo precario. Aquí las brechas
de género y étnica aumentan con la crisis.
En Dinamarca, el desempleo es significativamente menor que en los otros
países analizados, como es propio de su conocido sistema de exiguridad, y
solo uno de cada tres desempleados continúa en esa situación al cabo de un
año –frente al 58% de España–. Sin embargo, las restricciones establecidas
en los programas asistenciales han limitado su capacidad protectora frente
a la crisis y han hecho que el desempleo aumente más.
El análisis comparativo nos sugiere que el impacto diferencial de la crisis
económica en la destrucción de empleo en nuestro país no se debe exclusivamente
a una estructura económica con amplios sectores de baja productividad
–concretamente a la caída del sector de la construcción–, sino que
también tiene que ver con el modelo dual de gestión de la exibilidad. Es
este, por tanto, un primer margen para la acción colectiva con el objeto de
reducir el coste social de los períodos recesivos. La reforma laboral recientemente
aprobada en España en un contexto de contracción del mercado
–orientada a reducir esa dualidad del mercado de trabajo a largo plazo (a
la baja)– difícilmente tendrá incidencia real en la recuperación del empleo
a corto plazo y, sin embargo, ha privado de importantes mecanismos de
protección del empleo, que parecen haber funcionado en otros casos, como
en Francia, combinados con fuertes dosis de exibilidad interna, para evitar
el aumento del desempleo. A medio plazo, el mantenimiento de los
trabajadores en sus puestos de trabajo, aun con una menor dedicación,
parece una vía muy razonable de mantener el capital humano en espera de
la recuperación económica.
Aumento de las desigualdades y de la pobreza
Pero las desigualdades que genera el mercado no tienen por qué traducirse
directamente en desigualdades en el nivel de ingresos. Aquí también la experiencia
de los países analizados muestra una gran diversidad. Así Dinamarca
es el país donde las rentas del mercado son más desiguales y donde más
ha crecido incluso esa desigualdad en el período de crisis analizado. Sin
embargo, sigue siendo el país más igualitario en cuanto a la distribución de
la renta disponible en los hogares, gracias a las fuertes transferencias de las
políticas sociales. Por el contrario, Francia o Alemania, donde las diferencias
en el mercado no han aumentado significativamente en estos años, han
visto aumentar las desigualdades en la renta disponible. El Reino Unido
habría visto incluso reducirse las desigualdades de ingresos hasta 2010 debido
al aumento de ingresos de los más pobres, aunque también de los muy
ricos. Frente a estos casos, España muestra el modelo de Estado de bienestar
menos eƒciente: es el que menos reduce las desigualdades generadas en
el mercado, aunque ha aumentado ligeramente la reducción del riesgo de
pobreza gracias a las transferencias sociales, del 49% al 52% entre 2007 y
2010. Fruto de todo ello, España, que era de estos cinco países el menos
desigual en rentas del mercado antes de la crisis, se posiciona en un preocupante
tercer lugar, en la UE-27 en 2010, en cuanto al nivel de desigualdad de
ingresos –índice de Gini–, y se ha distanciado también en los extremos de la
desigualdad social: el 10% más rico tiene ahora cinco veces más ingresos
que el 10% más pobre –la diferencia ha aumentado un 16,3% desde 2007–
sobre todo por el empeoramiento de la situación de los más pobres.
El aumento del desempleo en nuestro país es un factor muy sustancial para
explicar esta evolución, pero no es su#ciente: la tasa de riesgo de pobreza de
las personas ocupadas ha aumentado en España dos puntos porcentuales,
de forma similar que en Dinamarca, mientras que se mantenía estable en el
conjunto de Europa (en países como Francia) o incluso disminuía en el Reino
Unido. Este fenómeno de expansión de los working poor se explica en
parte por la erosión de las condiciones de trabajo que han venido acompañando
a la explosión de las tasas de desempleo, pero también por el derrumbe
de la estrategia de combinación de varios ingresos bajos en el hogar al
perderse el salario de alguno de sus miembros.
Sin embargo el elemento más preocupante es el hundimiento de las rentas
más bajas, que ha hecho aumentar muy signiƒcativamente la proporción
de personas situadas por debajo del umbral de la pobreza más severa –por
debajo del 30% de la renta mediana equivalente–. España ha experimentado
el crecimiento más importante de la pobreza severa entre los países
analizados –un punto porcentual–, llegando al 5,2%, el doble que el resto.
Dinamarca y Francia han visto también aumentar signiƒcativamente sus
bolsas de pobreza severa, aunque partían de niveles muy inferiores, algo
que posiblemente puede tener que ver con los procesos de reforma de los
dispositivos asistenciales emprendidos en ambos países. Por el contrario,
otros países como el Reino Unido o Alemania lograban incluso reducir la
pobreza severa. También es en España donde más ha aumentado la intensidad
de la pobreza: los pobres han visto aumentar más la distancia al
umbral. Se rompe así en nuestro país una tendencia de varias décadas de
reducción de los niveles de pobreza severa y la senda de lenta convergencia
con los países de referencia que venía desarrollándose hasta estos años.
Solo las personas mayores de 65 años, en especial las que viven en pareja,
han experimentado una mejoría en este sentido, y muy ligeramente las mujeres,
en cambio los jóvenes y las parejas con hijos se han visto mucho más
afectados en España: para los menores de 25 años ha aumentado un punto
la pobreza severa, hasta situarse en el 7,1%, y las parejas con hijos han crecido
en 1,6 puntos, hasta el 6,5%: ocupan en ambos casos la primera posición
de forma destacada entre los países analizados. En esto se han seguido
pautas muy distintas de las de países como Dinamarca y el Reino
Unido, donde la pobreza severa ha aumentado entre los mayores de 65
años. En este último país, hasta los jóvenes han mejorado signi…cativamente.
Estas distintas dinámicas están directamente relacionadas con
ciertas opciones en las políticas sociales. Las consecuencias en nuestro
país pueden ser especialmente graves al constreñir los itinerarios vitales
introduciendo incluso un riesgo de croni…cación en los sectores con mayor
proyección vital, los jóvenes, así como por los procesos de reproducción
generacional que implican en las parejas con hijos.
El empobrecimiento de los extranjeros con esta crisis es una tendencia más
general en Europa, con la excepción destacable del Reino Unido entre los
países analizados. Esta tendencia contrasta más cuando tiene un sentido
inverso al de la población nacional como en el caso de Francia –donde la
pobreza se reduce en las personas de nacionalidad francesa– y en menor
medida en España –donde las personas de nacionalidad española mantienen
el mismo nivel de antes de la crisis–. En unos sitios más que en otros, la
población extranjera ha asumido el papel de amortiguador de los efectos
sociales de la crisis cargando con una mayor parte de los costes –desempleo,
empobrecimiento, embargos…–. Esto se va a convertir en un serio condicionante
para los procesos de integración social, especialmente de los sectores
recién llegados.
En conjunto, esta crisis nos deja en Europa una bolsa de 81 millones de
personas por debajo del umbral de la pobreza; de ellas, casi una de cada
ocho corresponde a España. Dicha cifra está bastante estabilizada en Europa,
pero en España, según las últimas estimaciones para 2011 (el INE
calcula un 21,8%), la población en riesgo de pobreza habría aumentado en
1,4 millones desde 2007, una tendencia que no es generalizable en el conjunto
de la Unión.
Mecanismos compensadores e intensificadores
de la vulnerabilidad
Acordes con el carácter económico de esta crisis, los procesos de exclusión
se ven afectados en primer lugar y de manera más directa en su dimensión
económica: primero como participación en la producción, en forma de desempleo
o de empleo precario; después, como participación en el consumo,
al reducirse los ingresos. Otra cuestión relevante es cómo afecta eso a otras
dimensiones, con procesos efectivos de privación material que puedan tener
consecuencias directas en las condiciones de vida o en el acceso efectivo a
ciertos derechos sociales sobre los que hemos construido nuestro modelo de
ciudadanía. Finalmente, los cambios en las condiciones económicas de las
familias pueden tener incidencia en las formas de convivencia y de solidaridad
básica, otro eje esencial de los procesos de integración social. De la articulación
de todo ello podemos extraer una aproximación a la dinámica de
los procesos de exclusión en estos años.
La primera constatación es que la crisis de empleo y el hundimiento de los
ingresos en los sectores más desfavorecidos todavía no se han traducido en
un aumento de las privaciones más severas –carencia de los bienes esenciales
y básicos–. Sorprende incluso que sean reducidas las diferencias entre
España y los países con los que la hemos comparado, en este aspecto, directamente
relacionado con las condiciones y la calidad de vida. Aun así, uno
de cada diez hogares españoles estaría afectado por procesos de privación
severa que podrían dañar seriamente su integración social. Esta menor incidencia
relativa de las situaciones de privación tiene que ver con varios factores,
como el mantenimiento de bienes y comodidades adquiridos antes de
la crisis, al menos de momento. Pero también se explica por el extraordinario
esfuerzo económico realizado por las familias para acceder a esos bienes,
que provoca en muchas más ocasiones en España un endeudamiento extremo y la imposibilidad de hacer frente a pagos en diversos órdenes. El retraso
sistemático en los pagos de las familias se ha multiplicado por tres en España,
aunque todavía no llega a los niveles de Francia.
Algo similar parece haber sucedido en cuanto a la vivienda. El enorme
esfuerzo colectivo dedicado a este capítulo durante décadas hace que las
situaciones de hacinamiento sean signi”cativamente menores en España,
aunque sea a costa de que los gastos por vivienda se perciban como una
carga excesiva por la mitad de los hogares en España, seis veces más que en
Dinamarca. Lo que sí parece estar provocando ya la crisis es un empeoramiento
de las condiciones de habitabilidad de las viviendas –las viviendas
con goteras y humedades aumentan seis puntos porcentuales en España,
mientras que estos problemas se mantienen estables en Francia o el Reino
Unido, e incluso mejoran en Dinamarca–, previsiblemente por la incapacidad
actual de quienes las ocupan de hacer frente a arreglos y rehabilitaciones.
El notable impacto en este aspecto tiene su explicación en la alta proporción
relativa de familias que viven en bloques de pisos cuyos elementos
comunes son gestionados por comunidades de vecinos. En estos casos, la
presencia en los bloques de vecinos con di!cultades económicas puede llegar
a imposibilitar la rehabilitación y, por tanto, a afectar al conjunto de
los hogares.
Tanto el impago de hipotecas y alquileres como las di!cultades para reparar
o rehabilitar sitúan a ciertos sectores sociales en posiciones de extrema vulnerabilidad,
que anuncian procesos más intensos de privación material y
exclusión social en el futuro inmediato si no se toman medidas especí!cas
para contrarrestar estas tendencias.
La garantía de ciertos derechos sociales –salud, educación, etc. – ha actuado
hasta hoy como un mecanismo compensador de los procesos de integración,
tanto en su dimensión material –acceso efectivo a un servicio– como
en su dimensión simbólica –percepción de pertenencia, de dignidad–. Los
datos sobre la accesibilidad a los servicios sanitarios muestran la cara más
amable del Estado de bienestar español, en el que prácticamente nadie deja
de ir al médico por motivos económicos, un logro social que no está tan
extendido en Europa como podría pensarse: el 2,7% en España, solamente
superado por el Reino Unido (0,5%), frente a proporciones mayores en Dinamarca
(8,3%) y sobre todo en Francia, donde el 35,4% de las personas
dejan de acudir al médico por motivos económicos. La introducción de mecanismos
de copago y de prepago explicaría parcialmente estas diferencias.
El contraste con las di”cultades para acceder al dentista en nuestro país
–55,2%, similar a la media europea– nos muestra cómo se intensi”can los
procesos de exclusión cuando se introducen elementos de mercado. Es por
este efecto compensador por lo que el mantenimiento de los derechos básicos,
ahora cuestionados en España por los procesos de ajuste presupuestario,
es tan sensible para la población española, especialmente entre los sectores
afectados por procesos de precariedad y vulnerabilidad.
La crisis y los límites del modelo familista
Hemos mostrado que la cobertura familiar sigue siendo un factor ineludible
en el análisis de las interrelaciones entre el contexto económico y las dinámicas
de la exclusión social, especialmente en países como España. Solo el
6,4% de los hogares afectados por el desempleo en España son de una persona
sola. En contraste, la proporción en Dinamarca es de cuatro sobre
diez; Francia y el Reino Unido se sitúan en una posición intermedia.
La incidencia del desempleo en los hogares en España aumenta con el tamaño
de la familia, pero no solo como efecto de una mayor probabilidad estadística.
El desempleo total familiar –todos los activos del hogar en paro–
afecta en España al 7,6% de los hogares y su incidencia es un punto
porcentual mayor en los hogares de más tamaño, a pesar de una menor
probabilidad estadística, prácticamente el doble que en los otros países analizados,
y nos habla de los límites de la cobertura familiar cuando los problemas
de empleo se extienden a todos los miembros activos.
En esos casos, encontrar otros recursos sustitutivos de las rentas del trabajo
puede ser vital. Y así, en uno de cada cinco hogares en desempleo total familiar
vive alguna persona mayor de 65 años. Aquí, la pensión del abuelo
puede convertirse en un recurso esencial para la supervivencia de todos: el
número de estos hogares se ha triplicado en estos cuatro años y ya representa
unas 300.000 familias en España.
Además, el tamaño de la familia aumenta también en España con la incidencia
del desempleo. El desempleo retrasa la emancipación de algunos y
hace volver a otros al hogar de origen, una realidad difícilmente apreciable
todavía en términos estadísticos pero conocida por los dispositivos de intervención
social. La convivencia larga con los padres y la emancipación tardía
de los jóvenes se han convertido en una característica estructural de la sociedad
española, dentro de un patrón común con otros muchos países del sur
y del este de Europa. Las diferencias con los países analizados son extraordinarias,
especialmente en el tramo entre 25 y 34 años: 36,5% para España
frente al 1,3% para Dinamarca, con Francia y el Reino Unido en una posición
intermedia. Sin embargo, la crisis no ha incrementado esta proporción,
como cabría prever, sino que, en sentido contrario, se ha reducido 3,5 puntos
porcentuales la proporción de los jóvenes que viven con sus padres. Esta
reducción nos revela las di!cultades para estirar la cobertura de las familias
a sus hijos e hijas más allá de lo que ya se hacía en el período anterior de
bonanza. Hay que decir que, aun así, la proporción de los jóvenes desempleados
que viven en casa de los padres prácticamente se ha duplicado en
estos años.
Las limitaciones de las familias para dar una cobertura satisfactoria a los
jóvenes en España, en un contexto en el que el mercado de trabajo les da
pocas opciones, se aprecian también en la expansión de la proporción de
jóvenes que no estudian ni trabajan. Estas situaciones, potencialmente problemáticas
en el presente y con mayores probabilidades de desarrollar procesos
de exclusión social en el futuro, han aumentado en España en todos
los grupos de edad, pero muy signi!cativamente entre los mayores de 20
años, con un aumento superior a nueve puntos porcentuales entre 2007 y
2009: uno de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 30 años en España no estudia
ni trabaja, la proporción más alta de los países analizados. También esta
proporción ha aumentado entre los más jóvenes (entre 16 y 20 años), hasta
alcanzar el 14,4%. En ninguno de los países la tendencia es tan general –en
todas las edades–, tan clara ni prematura. En Dinamarca el fenómeno es
muy poco signi!cativo y en el Reino Unido y Francia tiene una incidencia
más intermedia.
Es importante destacar que estas situaciones se producen a pesar de la estrategia
de muchos jóvenes y de sus familias de prolongar los estudios, especialmente
una vez que se supera la ESO: la proporción de jóvenes entre 16 y
20 años que continúa estudiando ha aumentado más de nueve puntos por
centuales, y 4,5 entre los de 21 y 25 años. Nuevamente aquí se repite el diagnóstico:
mayor esfuerzo para las familias con la crisis y más situaciones que
se escapan de su capacidad protectora.
El ciclo económico in#uye pues en la expansión de estas situaciones, pero de
distinto modo según los países, como consecuencia de la con#uencia de dos
tipos de factores: el origen familiar –presencia en España de más familias
con menor nivel educativo– y un sistema escolar que, en nuestro caso, con
una tasa de abandonos prematuros notablemente superior y con menos becas,
aboca a muchos jóvenes al desempleo y la inactividad. Es en estos últimos
aspectos donde cabría incidir por tanto en las políticas educativas si se
pretende reducir la tendencia a la exclusión social en el futuro. La expansión
de la oferta formativa becada para los jóvenes desempleados, especialmente
para los que abandonan prematuramente sus estudios en la ESO, combinada
con un sistema de becas que potencie el mantenimiento en las aulas parece
ser una opción muy razonable a corto plazo para reducir los riesgos de
exclusión social de este grupo. La potenciación del sistema de formación
profesional con un modelo dual que permita un contacto directo con el
sistema productivo es una estrategia también interesante a medio plazo. En
este ámbito, las experiencias alemana –en cuanto a formación profesional–
y danesa –en ayudas al estudio– nos ofrecen un ejemplo envidiable del que
poder aprender.
Función y límites de los dispositivos de protección social
Los sistemas de protección social han reaccionado con una lógica distinta
en cada uno de los cuatro casos analizados con mayor profundidad.
Francia ha con!ado en la actuación de los estabilizadores automáticos de
un Estado de bienestar potente y e!ciente, que parecen haber funcionado en
líneas generales. La reforma de los programas dirigidos a los más excluidos,
como el del ingreso mínimo, intensi!cando las medidas de activación, estaba
prevista antes de la crisis por una combinación de motivaciones técnicas
–reducir la croni!cación– e ideológico-morales –concepción de los deberes
de los ciudadanos– y no se explica por la crisis, aunque podría haber disminuido
su capacidad protectora. Las políticas de ajuste se han orientado hacia
los sistemas más generales de salud o educación.
El Reino Unido ha mejorado notablemente, al menos hasta 2010, la e”ciencia
de unos dispositivos de protección social, que sin embargo son signi”cativamente
menos generosos. Además, se ha visto obligado a dar alguna respuesta
a nuevas realidades como el embargo de viviendas, para las que se
han desarrollado algunas políticas preventivas.
En Dinamarca, la reforma conservadora deja ver ya sus efectos con una
pérdida de universalismo e igualdad y un aumento signicativo de la pobreza.
La disminución del período de percepción de la prestación por desempleo
y la reducción de las cuantías de las prestaciones asistenciales han significado el primer recorte selectivo para los más pobres y especialmente
para la población de origen extranjero.
En lo básico, España ha confiado también en el funcionamiento automático
de sus mecanismos de protección, pero ni estos son tan eficaces como en los
otros países ni la magnitud de las nuevas necesidades que había que afrontar
era comparable. Se pusieron en marcha incluso medidas especiales prolongando
la cobertura de la protección asistencial a los desempleados, pero
otros dispositivos de garantía de mínimos, como las rentas mínimas de las
comunidades autónomas, respondieron en una medida muy limitada en un
primer momento e introdujeron recortes sustanciales en aquellas autonomías
en las que estos programas tenían una cierta entidad, como Cataluña,
el País Vasco o Navarra.
Viendo en conjunto la presencia de todo tipo de prestaciones sociales en los
hogares, Dinamarca sigue presentando los niveles más altos de protección
social, pero las reformas se han dejado notar con un descenso de dos puntos
porcentuales en la proporción de hogares con alguna prestación, a pesar de
las necesidades de la crisis. La eficacia de las transferencias sociales ha perdido
2,4 puntos porcentuales a la hora de reducir las tasas de pobreza.
Francia ha aumentado la proporción de hogares protegidos en tres puntos
porcentuales, lo que, a la luz de los datos presentados, parece haber sido
suficiente para compensar los efectos de la crisis. Se mantiene como el modelo
más eficaz en cuanto a la reducción de las tasas de pobreza que se explican
por las transferencias sociales.
El Reino Unido es el país que más ha aumentado la proporción de hogares
con prestaciones, en cuatro puntos porcentuales, y el que más ha aumentado la proporción de quienes superan el umbral de pobreza gracias a las
prestaciones sociales –cinco puntos porcentuales más–, lo que puede explicar
los mejores resultados en cuanto a evolución de la pobreza. Sin embargo,
$el a la tradición residualista de su modelo de bienestar, sigue presentando
el nivel más bajo de protección.
España, por el contrario, ha aumentado dos puntos porcentuales la proporción
de hogares con alguna prestación social, algo que se ha mostrado claramente
insuciente para afrontar las nuevas necesidades, y se mantiene
como el país de los analizados cuyo sistema de protección social presenta
menos ecacia para reducir la pobreza –un 51,7% deja de ser pobre gracias
a las transferencias sociales–.
Con el análisis longitudinal, España y Francia se nos muestran como los
modelos más activadores, ya que una mayor proporción de hogares que
dependían de las transferencias sociales para superar el umbral de la pobreza
dejan de hacerlo un año más tarde. Sin embargo, a diferencia de Francia,
España es también el modelo de protección social en el que una mayor proporción
de personas que dependían de las prestaciones sociales pasan a engrosar
la bolsa de pobreza por el deterioro de sus derechos sociales: un 13%
de los hogares que no son pobres porque reciben prestaciones pasan a serlo
un año más tarde. Este proceso de caída en la pobreza por los límites del
sistema de protección afecta especialmente a las parejas con hijos: en concreto
a un 36% de las que dependen de las prestaciones sociales para no ser
pobres –frente a un 8% en Dinamarca–.
El análisis comparativo nos muestra, pues, un notable margen de maniobra
en las políticas sociales para hacer frente a las nuevas necesidades que genera
la crisis económica y resalta la escasa e$cacia de un sistema de protección
social cuyos problemas de fragmentación, descoordinación, insu$ciencia e
inequidad han sido puestos de mani$esto en trabajos anteriores (Laparra,
2010). Su reforma se encuentra a día de hoy fuera de cualquier agenda política,
pero las dimensiones que va a ir adquiriendo el impacto de la crisis en
la cohesión social deberían ser motivo su!ciente para plantear una revisión
en profundidad.
En el debate europeo se ha demandado una respuesta innovadora a la crisis
que rede!na y reoriente los objetivos del Estado de bienestar hacia la preservación del capital humano y social –sostenibilidad social–, concibiendo las
políticas sociales como una inversión social que potencia la capacidad productiva
de una sociedad (Morel, et  al., 2012). Siguiendo las palabras de
Stiglitz a partir del caso norteamericano, «la desigualdad reduce el crecimiento
y la e!ciencia, […] conduce a la inestabilidad económica y está corroyendo
los valores y la identidad. […]. La falta de oportunidades implica
que el activo más valioso con que cuenta la economía –su gente– no lo utilizamos
plenamente».
En países como España, esta renovación es tanto más necesaria a la vista de
los retos a que el país se enfrenta, así como de las debilidades y limitaciones
de las que se parte: el modelo español de $exibilidad laboral se ha mostrado
especialmente perverso a la hora de responder a la crisis; las políticas sociales
han demostrado una capacidad reducida de compensar las desigualdades
sociales que genera el mercado, y el recurso a la institución familiar
presenta ya limitaciones obvias para cubrir todas las necesidades sociales
que se van generando.
Además de las reformas orientadas a sanear el sistema financiero, a mejorar
la competitividad del sistema productivo y a garantizar la viabilidad de
las cuentas públicas, es necesario introducir en la agenda un programa de
reformas y actuaciones orientadas a mantener la cohesión social y evitar el
aumento de la pobreza y la exclusión social, corrigiendo en su caso los
efectos perversos que están teniendo las reformas económicas en marcha.
Si no es así, el mercado de trabajo seguirá destruyendo empleo y la reforma
laboral no hará sino intensi!car el proceso, al menos en el corto plazo. Y
esta reducción del empleo seguirá afectando en mayor medida a los sectores
socialmente más débiles, aumentando la fractura social que lleva ya
varios años ensanchándose. Si no hay nada que cambie esta tendencia –y
no hay nada en la agenda que apunte en esa dirección–, la cohesión social se
convertirá en breve en el principal problema sistémico para un desarrollo
económico equilibrado –sostenible económica, social y ecológicamente–
en el futuro.

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