El impacto de las políticas de ajuste en la cohesión social en España. Documento.

begona eransus

Begoña Pérez Eransus

Introducción

El impacto social diferenciado de la crisis en Europa pone en evidencia que al margen de las consecuencias comunes generadas por las convulsiones de la economía globalizada, la influencia del sector público en cada país sigue siendo decisiva, no sólo en la incidencia de la crisis, sino también en la capacidad para salir de ella. Frente a la aceptación pasiva de los efectos perniciosos de la llamada economía de casino, cabe pensar que existe todavía un importante margen de acción de los gobiernos y los distintos actores políticos para incidir en las condiciones de vida de la ciudadanía.

Más allá de las estructuras productivas y las posiciones que cada país ocupa en la división internacional del trabajo, la forma en que los estados regulan sus mercados laborales y por tanto, el grado de flexibilidad y seguridad conjugado en cada contexto, determina la forma en la que el descenso de la actividad económica está incidiendo en el empleo. Por otro lado, las políticas sociales y de manera más clara, los sistemas de protección del desempleo, los dispositivos de renta mínima y los servicios sociales están mostrando una elevada capacidad de amortiguación de los efectos nocivos generados por la pérdida de empleo en los hogares, frenando así la generación de situaciones de pobreza y exclusión. Por último, las propias políticas de respuesta emprendidas por los diferentes gobiernos pueden contribuir a disminuir los efectos negativos de la crisis, o en determinados casos, pueden llegar a constituir un factor de riesgo en sí mismo.

Precisamente el intenso impacto de la crisis económica en España es clara muestra de la importancia del comportamiento de la gestión pública en cada uno de los tres ámbitos. Un mercado laboral fuertemente dualizado, una políticas sociales más débiles y una estrategia de respuesta a la crisis orientada casi exclusivamente al ajuste de las políticas sociales, explican el mayor impacto de la crisis en la cohesión social de este país. Tanto el desempleo como la pobreza pueden ser tomados como indicadores de este proceso y en España, en lo que llevamos de crisis ambas tasas se han visto notablemente incrementadas. El desempleo alcanza ya una tasa del 25.2% (EPA, tercer trimestre de 2012) y la tasa de pobreza relativa afecta al 21.1% de la población (ECV, INE 2012).

En este país la destrucción de empleo temporal ha constituido un amortiguador del efecto de la crisis en el conjunto del empleo, lo que explica un incremento mucho más acusado del número de desempleados respecto al resto de Europa. En otros países, la inexistencia de esta bolsa de empleo de tan fácil destrucción ha llevado a los agentes sociales a buscar otro tipo de respuestas frente al descenso de la actividad económica con el fin de mantener los niveles de empleo: estrategias orientadas a fórmulas de flexibilidad interna a través del apoyo al cambio de actividad, reducción de horas de trabajo o incluso un descenso de salarios del conjunto de trabajadores.

En el terreno de las políticas sociales, la debilidad de nuestro sistema de desempleo, fuertemente ligado al principio de contribución previa, está dejando sin protección a una proporción creciente de desempleados. Quedan fuera de protección aquellos trabajadores que accedieron al mercado laboral a través de contratos temporales y de baja retribución y por tanto con menor capacidad de cotización, en su mayoría jóvenes y personas extranjeras. El requisito mínimo de cotización y la limitación temporal de las prestaciones hace que, desde el inicio de la crisis, ha provocado el incremento progresivo de la proporción de desempleados sin ninguna prestación que alcanza ya a un 36.5%, más de dos millones de personas (Ministerio de Empleo, 2012). Tampoco las rentas mínimas autonómicas, en general de limitada cobertura, constituyen un elemento amortiguador frente a la crisis. Los datos de 2011 muestran que tan sólo dieron protección a 223.940 hogares en España (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Por todo ello, nuestro sistema presenta una escasa eficacia frente a la pobreza en comparación con otros sistemas europeos. Estudios recientes como el publicado por Fundación La Caixa muestran como las prestaciones en España tan sólo logran reducir en un 51.7% la tasa de pobreza relativa frente a un 70% en Dinamarca, el 66% en Francia, o el 60% en Reino Unido (Laparra y Pérez, coord., 2012).

En España la crisis y el intenso incremento del desempleo no ha llevado a un replanteamiento o refuerzo de este sistema limitado de protección, por el contrario, la debilidad y controversia que tradicionalmente acompañan a estas prestaciones las han situado en primera línea de atención de las políticas de ajuste. Los polémicos 400 euros establecidos como medida excepcional para la protección de desempleados que agotaban prestaciones (programa PRODI y más tarde PREPARA) fueron objeto de discusión política que derivó en su limitación y posterior desaparición. Por otro lado, son varias las Comunidades Autónomas que en plena crisis han emprendido reformas de sus programas de renta mínima conducentes al endurecimiento de las condiciones de acceso y limitación de la protección.

La escasez de información ágil y homogénea a nivel estatal hace difícil dimensionar el volumen de personas afectadas por la limitación y los recortes de las prestaciones de mínimos y por tanto, el número creciente de hogares sin ningún tipo de protección económica. Son las entidades de acción social quiénes alertan del incremento progresivo del número de familias que solicitan ayuda para las necesidades más básicas como alimentación, ropa o facturas de luz y agua. No obstante, la propia naturaleza fragmentada y diversa del sector también hace compleja la recogida de información de su demanda y por tanto no es fácil realizar un seguimiento del volumen y situación de las personas en dificultad en nuestro país.

Paralelamente hace patente el malestar social ocasionado por las políticas de austeridad emprendidas a lo largo de la crisis en nuestro país. Diariamente asistimos a protestas ciudadanas relacionadas con el recorte de políticas públicas. Estas medidas se materializan de manera directa en destrucción de empleo de servicios vinculados a las distintas administraciones. Pero también en la limitación o desaparición de programas y servicios en su gran mayoría relacionados con la responsabilidad asumida por las administraciones en relación con el bienestar de la ciudadanía: servicios educativos, sanitarios y sociales.

Por este motivo, si en la primera fase de la crisis, la preocupación en Europa se centraba en el impacto de las fluctuaciones financieras en las economías nacionales y en concreto, en España, en el intenso proceso de destrucción de empleo, en la actualidad se añade la alarma suscitada por el efecto que las políticas de ajuste de nivel estatal y autonómico pueda tener en la población.

El déficit y las políticas de austeridad

En nuestro país esta siendo muy cuestionada una salida a la crisis exclusivamente orientada al recorte de gasto y no al incremento de los ingresos vía creación de empleo o mejora de la recaudación fiscal. Sin embargo, incluso asumiendo el discurso de la inevitabilidad de las políticas de austeridad, llama la atención en nuestro país, la escasa atención política prestada al impacto social que puedan ocasionar los recortes de las políticas sociales emprendidos.

 En el plano europeo y desde el comienzo de la crisis diversos expertos (Frazer & Marlier, 2012) vienen alertando sobre los riesgos sociales que conlleva el mantenimiento de estrategias de austeridad. Por este motivo, las instituciones europeas  recomiendan a los gobiernos que las políticas de ajuste vayan acompañadas de evaluaciones de sus efectos previas a su implantación con el objetivo de orientar la toma de decisiones. Se advierte de que el riesgo es mayor en los recortes que atañen servicios básicos orientados a la ciudadanía, garantía de ingresos, educación, salud, y servicios sociales. Igualmente el riesgo se incrementa en el caso de aquellos países, como España, que inician el recorte de una situación de partida de menor desarrollo de los sistemas de protección.

 El principal argumento que esgrimen los defensores de las medidas de recorte de servicios públicos es el de su elevado coste. Además, este argumento a menudo suele ir acompañado de una intensa crítica a la provisión pública de servicios de bienestar en términos de menor eficacia, mayor coste, lentitud y excesiva burocracia. Este juicio también suele conllevar de manera automática una comparación, más o menos explícita con el sector privado se muestra como más eficaz, barato, rápido y menos burocrático.

 Ambas partes del argumentario simplifican excesivamente la realidad y por ello resultan erróneas y a todas luces poco útiles para la toma de decisiones política. El argumento del coste de las políticas sociales resulta tramposo tratado exclusivamente en términos de coste. Obviamente la reducción del gasto social, que constituye la mayor partida de gasto de las administraciones, reduce el gasto público. Sin embargo, más allá del objetivo cortoplacista de reducción inmediata del déficit al que se aferran las administraciones, el cálculo racional que debe hacer la ciudadanía en una situación tan crítica como la actual es el de valorar la relación coste-beneficio de las políticas sociales, no sólo para cada individuo, sino también para la colectividad.

 La eficacia de las políticas sociales

Existe una larga trayectoria de estudios comparados en política social que analizan el intenso efecto de las políticas sociales en Europa en términos de transformación social. La sociedad europea que a comienzos del siglo XX se caracterizada por la fuerte desigualdad de clases y la situación de pobreza en la que vivía la mayor parte de la población asalariada, se transformó a lo largo de dicho siglo, en una sociedad de clases medias en la que la mayor parte de la sociedad gozaba de mayor bienestar. Esta transformación se produjo gracias a determinados logros colectivos como la mejora de las condiciones laborales y el avance en regulación laboral, la implantación de sistemas progresivos de impuestos, y muy especialmente, por la extensión de las políticas sociales. La generalización de los seguros colectivos que favorecen la garantía de ingresos en el desempleo, invalidez, jubilación, el acceso a la sanidad y educación gratuitas o los servicios sociales, constituyen los principales pilares de estos llamados estados de bienestar. Limitar la concepción del bienestar de la población exclusivamente a su situación de ingresos, salud o nivel educativo resulta claramente insuficiente y por ello la definición y medición del bienestar no ha estado exenta de polémica. De hecho, buena parte de las críticas a la autoproclamación de Estados de bienestar europeos viene precisamente por haber adoptado una definición demasiado estrecha del bienestar que no incluía otras situaciones de necesidad no cubiertas como la autonomía, el desarrollo o la participación social. Sin embargo, esta controversia no debiera invalidar el reconocimiento de los logros de las políticas sociales desarrolladas en Europa y en España.

 El tándem conformado por los sistemas de impuestos progresivos y las políticas sociales ha favorecido la extensión de fórmulas redistributivas de bienestar. Recaudar progresivamente en función de las rentas permite gravar más a quién más tiene. Por el lado del gasto sin embargo, los servicios sanitarios, educativos o sociales se distribuyen en base a criterios de necesidad. Este sistema sin duda ha contribuido a limar en parte la distancia social generada por los mercados y a avanzar hacia sociedades más igualitarias.

 La colectivización de los riesgos a los que da lugar los sistemas de reparto de seguridad social en Europa presentan notables ventajas  en cuanto a cobertura y precio. Estos sistemas basados  en la solidaridad generacional, entre población activa e inactiva, sana y enferma, capaz y con discapacidad, aseguran que, con una única aportación, se obtenga cobertura ilimitada en el tiempo, frente a la jubilación, enfermedad o incapacidad. Los sistemas de seguridad social de reparto, a diferencia de los sistemas de capitalización privados permiten cubrir más riesgos por menos dinero. Es por tanto una evidencia que el acceso a la sanidad pública y la generalización de las pensiones ha contribuido al alargamiento de la esperanza de vida en Europa y a la mejora del bienestar de la población mayor y a las personas con discapacidad o enfermedad. Las prestaciones de desempleo y los sistema de renta mínima, aunque con efectos diferenciados como hemos comprobado para el caso español, han logrado reducir el fenómeno de la pobreza vinculado al desempleo. El acceso gratuito a la educación obligatoria y el apoyo público a los estudios postobligatorios ha contribuido a mejorar la igualdad de oportunidades y la movilidad social permitiendo que los hijos e hijas de familias de cualquier origen social accedan a profesiones cualificadas. También de manera diferenciada en Europa, los servicios sociales y entre ellos la atención de 0-3 años y los servicios a personas dependientes no sólo han favorecido la calidad de vida de estas personas sino que han contribuido a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

 Si algo ha demostrado esta crisis es precisamente la vigencia de la eficacia de las políticas sociales. Frente a las disfunciones y vaivenes de los sistemas financiero y bancario o las debilidades de los mercados laborales, las políticas sociales en Europa han mostrado su fortaleza y su capacidad para amortiguar los efectos negativos en la población del declive económico. En los llamados Estados de bienestar europeos las prestaciones de desempleo o las pensiones ejercen su función de mantenimiento de las condiciones de vida de las personas en desempleo y a su vez actúan de estabilizadores automáticos de la economía permitiendo el mantenimiento de niveles de consumo. Los sistemas sanitarios gratuitos atienden los problemas de salud física y mental de la población independientemente de sus problemas económicos y laborales presentes en las familias contribuyendo así al mantenimiento de la salud de la población. Los sistemas educativos públicos mantienen su función de formación de la ciudadanía y contribución a la igualdad de oportunidades de los jóvenes independientemente de la situación socioeconómica de sus padres en la crisis. La red de servicios sociales públicos y de iniciativa social está dando la primera respuesta a las necesidades acuciantes de las familias más golpeadas por la crisis, a la vez que trata de seguir dando respuesta a la situación de personas que, ya antes de la crisis, presentaban necesidades no cubiertas, como es el caso de personas con discapacidad, sin hogar, victimas de maltrato, etc. Estas y otras políticas sociales contribuyen a mantener el bienestar de la población, a pesar de la situación económica y la incesante destrucción de empleo.

 La limitación de la intervención pública en cualquiera de estos ámbitos supondría directamente una pérdida de eficacia y por tanto, una pérdida de bienestar de la ciudadanía. Esto implicaría un serio retroceso en cualquiera de los logros sociales conseguidos en el largo y arduo recorrido de décadas y por tanto un riesgo claro en la pérdida de cohesión social. Retroceder hacia una sociedad en la que las personas dependen de su propia situación económica para hacer frente a los riesgos de la enfermedad, dependencia, desempleo o vejez sin el respaldo colectivo implica avanzar hacia sociedades dualizadas, fragmentadas, En este tipo de sociedad cualquiera de las situaciones mencionadas implica fuerte riesgo de exclusión social. En ella el origen social y la situación socioeconómica de la familia determina en gran medida el futuro de los jóvenes y en las que la brecha entre hombres y mujeres sobre todo de clase social media o baja es mayor.

 Resulta alarmante la falta de atención en la toma de decisiones política prestada a estos efectos negativos que los recortes y las políticas de austeridad pueden causar en el bienestar de la ciudadanía.

 Los riesgos de la descentralización de servicios de bienestar

La crítica al Estado de bienestar y la demanda de contención del gasto social o reducción del papel del sector público en la provisión de servicios tiene un largo recorrido en Europa y por tanto no es fruto de la crisis. Sin duda, la crisis genera un contexto de alarma social propicio para propuestas de recorte y privatización de políticas sociales que encontraban mayor dificultad de aplicación en momentos previos. En la actualidad, en nuestro país, la preocupación por el desempleo y la grave situación económica y la fragmentación de las fuerzas sociales están haciendo viable la aplicación de propuestas de recorte del Estado de bienestar de larga tradición en la política neoliberal.

 La contención o limitación del gasto social se encuentra avalada por la demanda constante de parte de la sociedad a reducir los impuestos y cotizaciones que sustentan dicho gasto, pero también por un creciente interés del mundo empresarial por participar en el mercado de provisión de servicios a las personas (servicios residenciales, a domicilio, sanitarios, y otros) hasta ahora de gestión pública.

 La experiencia de privatización de ciertos servicios de bienestar, lejos de mostrar las potencialidades del sector mercantil en este ámbito como una opción más barata o eficaz, nos alerta sobre serios riesgos de deterioro de la calidad y eficacia de los servicios.

Precisamente el hecho de que la gestión pública fuera prácticamente hegemónica en algunos ámbitos, o la ausencia de desarrollo de algunos servicios, hasta ahora asumidos en el ámbito de la familia, ha impedido la proliferación de un sector mercantil que garantice el correcto funcionamiento del mercado en términos de competencia. Por el contrario, la situación de monopolio u oligopolio de algunas empresas pioneras en la provisión de servicios residenciales, domiciliarios, sanitarios o sociales, suele dar lugar quasimercados caracterizados por los precios elevados y escasa motivación por la mejora de la calidad. Por este motivo los clientes de estos servicios, familias y en muchos casos administraciones que descentralizan algunas de sus funciones en materia de bienestar, cuentan con escasa capacidad de elección y a menudo pagan precios elevados a empresas que tienen escasa competencia en el sector. Este hecho debe relacionarse además con la propia naturaleza de los servicios descentralizados. Los servicios de bienestar, a diferencia de otros servicios públicos tienen unas características determinadas: se interviene directamente con personas y por tanto requieren especial cualificación y deben ser prestados bajo los criterios de calidad pertinentes ya que cualquier deterioro o fallo en los mismos supone un impacto directo en el bienestar de las personas, muchas de ellas en situaciones de fragilidad por enfermedad, edad, o discapacidad. Hasta el momento las sociedades europeas han defendido que la provisión de estos servicios fuera garantizada por el sector público, de tal manera que colectivamente se vigilaba la contratación del personal, su formación o la definición de los estándares de calidad y el funcionamiento de los servicios, así como de salvaguardar los derechos de las personas usuarias. Es cierto que la descentralización de los servicios hacia la gestión privada no tiene porqué suponer una dejación por parte del sector público de cualquiera de estas funciones, sin embargo, en la práctica, está suponiendo un incremento considerable de los riesgos. No olvidemos que estamos en un sector en el que las personas usuarias a menudo son consumidoras con escasa capacidad de elección y de velar por la garantía de sus propios derechos por ser personas mayores, niños, personas con discapacidad, con problemas de salud, etc. Ni ellos, ni sus familias, ni siquiera las propias administraciones que contratan servicios, se encuentran cualificados para discernir la calidad de los servicios prestados ya que se trata de intervenciones sanitarias y sociales que tan sólo los expertos suelen ser capaces de evaluar.

 De este modo, tanto la ausencia de un sector privado diverso y competitivo, como la propia inexperiencia del sector público en este ámbito, da lugar a que los procesos de descentralización apresurados impliquen grandes riesgos de pérdida de eficacia de algunos servicios con el consiguiente perjuicio para las personas atendidas. La toma de decisiones sobre la búsqueda de los mejores proveedores de bienestar requiere procesos complejos de evaluación de sectores, entidades, funciones, precios, criterios de calidad, así como de establecimiento de procesos de vigilancia y control del funcionamiento de los mismos y salvaguarda de los derechos de las personas atendidas. Aferrarse a la obsesión de reducción del déficit sin someter las distintas opciones a las evaluaciones y discusiones pertinentes puede estar resultando muy caro, no sólo en términos sociales sino también económicos. La naturaleza de los servicios educativos, sanitarios y sociales bien merece un debate más complejo acerca de su función y la manera más eficaz y eficiente de ser provistos. Existe una larga trayectoria de provisión pública de servicios que debe ser evaluada en términos de eficiencia, mejora de la eficacia, rapidez de los procesos, burocracia, etc. Sin embargo, afrontar la cuestión de la reducción del déficit en las administraciones sin tener en cuenta indicadores relativos a la eficacia de los servicios prestados o los riesgos implícitos en descentralización, resulta a todas luces irracional. La evaluación del sistema público debe incluir un estudio acerca de sus potencialidades y no sólo su coste o sus disfunciones. Es urgente sostener un debate público que cuente con la información precisa sobre los riesgos implícitos en las políticas de ajuste centradas en la reducción del gasto social.

 Los recortes nos afectan a todos pero tienen un mayor impacto en las personas más vulnerables

Estudios recientes en nuestro país muestran que la crisis está afectando de un modo u otro a buena parte de la sociedad española en forma de desempleo o pérdida de poder adquisitivo. Esto se traduce en estrategias de ahorro y consumo de las familias que tratan de contener gastos para dar respuesta a las situaciones de dificultad. Sin embargo, los estudios muestran que el impacto está siendo diferenciado y afecta más a quien peor estaba antes de la crisis. De tal manera que, en determinadas familias las dificultades se acumulan y la falta de ingresos de empleo o prestaciones se traduce en un verdadero impacto en sus condiciones de vida. La pobreza extrema no sólo ha aumentado, sino que sus ingresos, cada vez más bajos, les distancian más de la media de la población (FOESSA, 2010, La Caixa 2012). En el día a día de estos hogares esta situación se traduce en privaciones en cuestiones básicas como calefacción, la carne y el pescado, vestido y calzado, farmacia, ortopedia. En algunos hogares implica que los jóvenes abandonen los estudios por no poder pagarlos, deban volver al hogar de los padres, que enfermos o personas con discapacidad abandonen ciertos tratamientos y dietas y otras estrategias de supervivencia que a menudo tienen fuertes costes físicos y personales.

 También los recortes en las políticas sociales se concentran más en los grupos más vulnerables de la sociedad (Frazer & Marlier, 2011). De este modo, se comprueba que la subida de impuestos de consumo incide más en las rentas más bajas de la población, al igual que el recorte en becas de estudio, ayudas de comedor o transporte o los recortes en la subvención de medicamentos o tratamientos médicos. Las entidades no lucrativas de acción social advierten que, entre las consecuencias directas de las políticas de ajuste, se encuentra también el deterioro de los servicios de atención a las necesidades más básicas de la población como son información, atención urgente, rentas mínimas y servicios sociales. Las propias entidades sociales, sobretodo las de menor tamaño y menos autonomía financiera, también han sido objeto de recorte lo que provoca una importante limitación de su capacidad de atención y viabilidad en el medio plazo. Estos procesos incrementan el riesgo de exclusión entre la población vulnerable.

 A pesar de la intensa gravedad de estas situaciones de privación suponen una escasa amenaza al orden social ya que tienen un fuerte componente autodestructivo. La lucha por la supervivencia y el deterioro físico y mental hace que estas familias no planteen demandas ni se encuentren organizadas para protestar por su situación o los recortes que les afectan. Sin embargo, el incremento y el deterioro de estas situaciones supone un gran fracaso social para nuestra sociedad con efectos claramente negativos en el largo plazo. El alejamiento de esta población y el deterioro de las partes más bajas de la clase media nos puede hacer avanzar peligrosamente hacia una sociedad más dualizada (Emmenegger, Häusermann, Palier y Seeleib-Kaiser, 2012).

 Los jóvenes desempleados en familias sin ingresos podrían ser personas excluidas si no tienen acceso a unos ingresos mínimos y/o a sistemas de cualificación que les permitan pasar la crisis hasta que el mercado laboral favorezca nuevas oportunidades laborales. Los menores que crecen en hogares en situación de pobreza y privación tendrán problemas en el desarrollo de su autonomía y probablemente esto se reflejará en su rendimiento en el sistema escolar y posterior inserción laboral. Las personas en desempleo de larga duración aumentarán su distancia con el mercado laboral y su deterioro físico y mental fruto de las privaciones y la situación de dificultad pueden hacer más compleja la inserción laboral en el futuro.

 Además de la búsqueda de salidas a la crisis con carácter general se hace preciso establecer esfuerzos específicos por prevenir la caída a la exclusión de las personas más vulnerables. La experiencia de otros países en Europa nos muestra como algunas políticas sociales tienen un fuerte efecto preventivo frente a la generación de situaciones de pobreza y exclusión, es el caso de las prestaciones de desempleo y las rentas mínimas. En el caso de los jóvenes, las becas de estudios y los dispositivos de cualificación profesional subvencionados favorecen la integración social y pueden mejorar sus oportunidades para futuras ofertas de empleo. En el caso de las familias con acumulación de distintas problemáticas se hacen precisas intervenciones con fuertes dosis de acompañamiento social.

 El mantenimiento y el refuerzo de las políticas sociales tienen un demostrado efecto preventivo frente al deterioro de la situación social de las personas afectadas por el desempleo y la falta de ingresos. Por el contrario la limitación de las mismas en un contexto como el actual, puede conllevar un grave efecto multiplicador de los riesgos.

 Es preciso evitar que la presente crisis, más allá de los graves efectos en nuestra economía y nuestro mercado laboral tenga efectos irreversibles en la cohesión social. Con este objetivo el mantenimiento y refuerzo de las políticas sociales resulta indispensable

Bibliografía

 Emmenegger P., Häusermann S., Palier B. y Seeleib-Kaiser, M (2012) The Age of Dualization. The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies. Oxford and New York: Oxford University Press.

Hugh Frazer and Eric Marlier (2012) Assessment of Social Inclusion Policy Developments in the EU. January 2012. Main Findings and Suggestions: on the Way Forward. EU Network of Independent Experts on Social Inclusion Policy.

Laparra, M., Pérez, B. (Coord.) (2010) El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Fundación FOESSA.

Laparra, M., Pérez, B. (Coord.) (2012) Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España. volumen 35 de la colección Estudios Sociales de la Fundación ”la Caixa”.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa, tercer trimestre de 2012.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 2012.

Servicio Público de Empleo Estatal Ministerio de Empleo. Informe 2012

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El sistema público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2011

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