Fiscalía y Consejo Fiscal

5 febrero, 2014 |Salvador Viada

Mucha gente contempla la actuación de la Fiscalía en la persecución de ciertos delitos de gran impacto mediático o social desde un análisis insuficiente: la Fiscalía está politizada. La ineficiencia o pasividad de la Fiscalía -a juicio de algunos- en casos que atañen a bancos y banqueros, a políticos o a las más altas instituciones del Estado, encuentran en la influencia política partidista en la Fiscalía su natural explicación. Pero siendo evidente la politización de la Institución al resultar que en España el FGE, jefe de la institución, lo elige el Gobierno entre juristas de su confianza, las claves de la actuación de la Fiscalía son algo más complejas. Porque lo cierto es que existen sobre el papel y para los fiscales mecanismos de resistencia ante la politización de la institución. Y esos mecanismos no parecen funcionar: muy raramente un fiscal aparece en los últimos tiempos defendiendo su criterio personal frente al de la jerarquía.

Para ayudar a entender esto quizá conviene señalar que la Carrera fiscal está fuertemente jerarquizada; que todo en la Fiscalía, a excepción del Consejo Fiscal (cuyos vocales son elegidos por los fiscales) está inserto en esa jerarquía: todas y casa una de las Fiscalías, generales o especiales (anticorrupción incluida, claro); y también la Inspección Fiscal, con competencia disciplinaria están subordinadas al FGE.

Conviene recordar también que todos los jefes de esas Fiscalías son elegidos a través de un procedimiento en el cual la decisión final corresponde al FGE, aunque el Consejo Fiscal (CF) ha de ser oído. Incluso todos los miembros –no solo los jefes- de esas fiscalías especiales son elegidos por criterios en los que al final lo único reglado es un número mínimo de años de servicio. El único órgano de la Fiscalía que en teoría está sustraído al control directo del FGE, decimos, es el Consejo Fiscal. A pesar de ostentar competencias limitadas, tiene sin embargo un gran potencial como órgano de prestigio, como baluarte de la profesionalidad en la toma de decisiones, como órgano para garantizar la legalidad y la imparcialidad en la actuación de la Fiscalía, y para garantizar la indemnidad de los fiscales en caso de expedientes injustificados. Y en teoría también, como único órgano en la Fiscalía al cual el FGE no puede obligarle a actuar en una manera u otra. Por eso, los Fiscales Generales tienden a buscan la anuencia -aunque sea solo minoritaria- a sus decisiones en el CF.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo el Consejo Fiscal no cumple con esa importantísima misión de control, en mi modesta opinión. Seguramente, si la cumpliera, otro gallo cantara. Pero no la cumple porque al CF han llegado desde siempre representantes de la asociación conservadora y de la progresista de fiscales.

Asociaciones cuya posición en la Carrera mejora según el FGE sea nombrado por un partido o por otro. Asociaciones durante muchos años -no ahora, la crisis ha llegado ahí también- subvencionadas por los gobiernos conservador y progresista. El sistema electoral establecido para cubrir las vocalías del CF determina (hasta la fecha sin excepción) que asociaciones que no cuentan juntas ni con el treinta por ciento de afiliados de la Carrera consigan en proporción de seis vocales (AF) y tres (UPF) una presencia absolutamente estable en el Consejo. A lo largo de los años –de las décadasesa situación ha supuesto una integración de esas asociaciones y de sus miembros más relevantes en la jerarquía de la Fiscalía. Hoy, incluso, el FGE promovido por el PP es el líder histórico de la asociación conservadora.

Todas las Fiscalías especiales (Anticorrupción, Nacional, Drogas), y la inmensa mayoría de las demás que pueden tener alguna relevancia en la lucha contra la corrupción (me ahorro enumerarlas porque ocuparían muchas líneas de este artículo) están ocupadas por fiscales adscritos a una de esas asociaciones. Y la Inspección. Con la circunstancia de que cada cinco años esos Fiscales jefes han de ser renovados (o no).

A la hora de plantar cara al FGE (sea éste nombrado por el PP o por el PSOE) los vocales de estas asociaciones que han ocupado siempre el Consejo Fiscal se encuentran con que su eventual oposición ha de ser limitada. Se juegan que muchos compañeros, influyentes en sus asociaciones, corran riesgos por la absoluta discrecionalidad del FGE en la renovación de sus cargos. A veces, incluso se trata de vocales del propio Consejo Fiscal, que son fiscales jefes, o que aspiran –y obtienen- promociones profesionales desde el Consejo Fiscal a través de la decisión del FGE. Esta situación tremenda en la que las lealtades de los vocales del Consejo Fiscal se trasladan desde cada uno de los fiscales (que les elegimos) a sus asociaciones (que les proponen, y que por hacerlo casi les garantizan que saldrán elegidos) hace que los fiscales estén totalmente desprotegidos frente al poder de cada Fiscal General del Estado que llega. Y si llega, como es el caso actual, un FGE que conoce como funciona la institución por dentro, cuales son las aspiraciones de cada cual, cuales son las debilidades de cada cual, la posibilidad de que en el Consejo Fiscal se plante cara al Jefe por razones de naturaleza profesional son muy escasas. Por eso el FGE –que repetimos, elige el Gobierno en jurista de su confianza- impone su voluntad en la Fiscalía de manera absoluta, sin resistencias internas: en este caso, como el titular es una persona de buenos modales, lo hace de manera amable; pero implacable.

Pero es que además, todo este tinglado no podría ser mantenido si hubiera transparencia, publicidad en lo que se decide o se trata en el Consejo Fiscal. También eso está controlado: casi todo lo que se cuece en el Consejo Fiscal es secreto porque quienes han formado de él desde siempre no han adoptado medida alguna para abrir la ventana. Así, los nombramientos no se motivan, no se conoce quienes aspiran a plaza alguna, no se conocen sus currículums, no se sabe que se pide de ellos y no se les exigen cuentas de lo realizado. La arbitrariedad –protegida por el secreto- campea sin límites. Así, los “repartos” o los equilibrios o desequilibrios ideológicos en la Fiscalía son lo que cuenta.

No hay además vocal que rinda cuentas a la Carrera, que explique lo que hace o lo que no hace y porqué. No hay vocal que comunique a los fiscales el objeto de las discusiones en el Consejo, los órdenes del día, las distintas posiciones. No hay publicidad, incluso, de las razones por las cuales el CF puede acordar la expulsión de la Carrera de un Fiscal, y tan solo comunicados de las asociaciones a las que pertenecen dan magras explicaciones a posteriori de lo que ocurre, plasmando con claridad deslumbradora la inversión de lealtades ya tradicional en el CF. Y muchos fiscales nos decimos que esto no puede ser, que hay que hacer algo. Pero no hacemos nada, o casi nada.

La Fiscalía no va a cambiar por obra de los partidos políticos. Es claro que tanto el PP como el PSOE han dejado claro a través de sus sucesivos pasos por el Gobierno y por las reformas que impulsaron sobre el Poder Judicial, que consideran la Justicia como un pastel añadido a la victoria electoral. Y la Fiscalía es un pastel sabroso. Pero si podría cambiar –con muchas dificultades, cierto- desde dentro. Así, por ejemplo, cuando proceda, privando al FGE del respaldo de los fiscales del Consejo cuando actúe por motivaciones no estrictamente profesionales, y obligándole a pensar en medios materiales y en las condiciones de sobrecarga que padecen muchos fiscales. Y explicando a la Carrera y a la opinión pública las cosas que ocurren, de manera transparente. Y eligiendo a los mejores, no a los afines. En próximos días la Carrera fiscal va a ir a las urnas; va a decidir si todo sigue igual, o si finalmente el 70 por ciento de los fiscales no asociados, y muchos de los asociados, deciden que ya está bien de este estado de cosas, y que procede empezar a cambiar ese estilo de conducir la Fiscalía que la ha llevado a un descrédito social perceptible por cualquiera que no sea parte interesada. En el estado actual de cosas, la cuestión adquiere una clara dimensión social.