La Unión Europea y la inmigración: entre la necesidad insatisfecha y la virtud traicionada

Imanol Zubero (Grupo de investigación CIVERSITY. UPV/EHU)

Seguros de que, «Unida en la diversidad», Europa les brinda las mejores posibilidades de proseguir, respetando los derechos de todos y conscientes de su responsabilidad para con las generaciones futuras y la Tierra, la gran aventura que hace de ella un espacio especialmente propicio para la esperanza humana…

 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Preámbulo (en Aldecoa, 2004).

 Necesitamos inmigrantes, según y cómo

 Hay cuestiones sobre las que caben pocas discusiones: una de estas es la que se refiere al futuro demográfico de Europa. Todos los informes al respecto proyectan una Europa con una población más reducida y más vieja, lo que conlleva importantes repercusiones sobre los sistemas de salud y de protección social, sobre la economía, el mercado de trabajo y las finanzas públicas, y sobre el capital humano de la región (World Commission, 2000; Comisión de las Comunidades Europeas, 2006; European Ideas Network, 2007; EUCE, 2008; Commission of the European Communities, 2008; Eurostat, 2011; Parlamento Europeo, 2011). Según algunos pronósticos, en 2050 habrá en Europa 48 millones menos de personas entre 15 y 64 años y 58 millones más de personas mayores de 65 años, y para el 2020 el crecimiento de la población en la Unión Europea se habrá ralentizado sensiblemente en comparación con sus vecinos del Norte de África, África subsahariana y Oriente próximo, las regiones con el crecimiento poblacional más rápido del mundo. En estas condiciones, el futuro demográfico y socioeconómico de la UE depende de que la inmigración extranjera se mantenga o, incluso, se incremente a lo largo de los próximos años (Silcock & Sinclair, 2012; Grimm, 2012).

 Esta toma de conciencia de la debilidad demográfica europea se ha plasmado en la denominada Estrategia Europa 2020 (en adelante EE2020), propuesta por la Comisión Europea en marzo de 2010 con el propósito de superar las carencias y los pobres resultados de la precedente Estrategia de Lisboa del año 2000, manteniendo sustancialmente los objetivos de aquella: impulsar el crecimiento, la competitividad, el empleo y la cohesión social (González Zorrilla et al., 2011; ETUC/CES, 2012). Para ello, la EE2020 considera necesario incrementar sensiblemente el nivel de empleo de la población aumentando las tasas de actividad de las mujeres y de los trabajadores más mayores, por una parte, y mejorando la integración laboral de los inmigrantes, por otra (Comisión Europea, 2010: 11). La EE2020 plantea la necesidad de “promover una política de inmigración laboral prospectiva y general que responda con flexibilidad a las prioridades y necesidades de los mercados de trabajo”, para lo que propone “desarrollar una nueva agenda para la integración de los inmigrantes con el fin de que puedan explotar plenamente su potencial” (Comisión Europea, 2010: 20-21).

 Este planteamiento sobre la inmigración no hace sino recoger sintéticamente la propuesta al Consejo Europeo realizada en 2010 por el denominado Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, presidido por Felipe González, cuyo objetivo era “identificar los principales desafíos que, previsiblemente, habrá de enfrentar la Unión Europea en los próximos veinte años y analizar las respuestas más adecuadas a los mismos”. En este informe, la relación entre las perspectivas demográficas de Europa y la necesidad de la inmigración se formula en los siguientes términos: “En una sociedad que envejece, y que tendrá el doble de mayores de 65 años por trabajador que ahora, los Estados miembros de la UE deberán esforzarse considerablemente para financiar sus regímenes de asistencia social y mantener a los mayores dentro de la población activa. Al disminuir la oferta interior de mano de obra y trabajadores cualificados, Europa tendrá que atraer a más trabajadores inmigrantes, lo que repercutirá en nuestra capacidad de gestionar la integración social” (Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE, 2010: 12). Reducidos a la condición de recurso económico, el Grupo de Reflexión reclama “un esfuerzo concertado para hacer de la UE un destino atractivo para los inmigrantes”, ya que sin estos “la UE sería incapaz de hacer frente a la escasez futura de mano de obra y de capacidades [quedando] asimismo mermada su diversidad cultural y experimentación, requisitos indispensables de la creatividad y la innovación (2010: 25).

 ¡Pero resulta que Europa ya es un destino enormemente atractivo para los inmigrantes! Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en 2013 Europa es la región del mundo donde reside el mayor número de migrantes internacionales, 72 millones, seguida de Asia (71 millones), Norteamérica (53), África (19), América Latina y el Caribe (9) y Oceanía (8 millones) (United Nations, 2013). Prueba del atractivo de Europa para las personas inmigrantes es el hecho de que en el momento en que redacto estas páginas, apenas una semana después de la tragedia del 3 de octubre en las aguas de Lampedusa, que costó la vida a más de 300 personas, un nuevo naufragio se ha cobrado la vida de otros 50 inmigrantes que, de nuevo, intentaban llegar a territorio italiano procedentes del norte de África. Evidentemente, no es a esta atracción a la que se refieren y aspiran ni el Grupo de Reflexión ni la EE2020.

 Aunque entreverada de piadosas apelaciones codesarrollistas, la perspectiva sobre la inmigración de la EE2020 está claramente inspirada en el modelo de la immigration choisie, la “inmigración elegida” (Chojnicki et al., 2005; Brilliant, 2011), personificada por Nicolas Sarkozy quien, en 2006, siendo ministro del Interior y candidato a la presidencia francesa, propuso “acabar con la inmigración padecida para sustituirla por una inmigración elegida” (Iglesias y Becerra, 2007: 144). Desde esta perspectiva, el Grupo de Reflexión propone la necesidad de desarrollar un “planteamiento anticipatorio” de la inmigración que permita a Europa abordar el fenómeno migratorio como una “oportunidad que aprovechar”, aprendiendo de lo que al respecto vienen haciendo países como Australia, Canadá y los Estados Unidos, “con los que compite directamente en lo que se refiere a atraer inmigrantes cualificados”. El objetivo fundamental es, por tanto, desarrollar una política común de inmigración en el marco de la UE “con el fin de atraer a los inmigrantes más cualificados, con más talento y más motivados” (Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE, 2010: 26), poniendo coto a la inmigración ilegal y a la trata de personas y promoviendo, en suma, una “inmigración ordenada” sustentada en acuerdos bilaterales que contemplen tanto la contratación y readmisión como el retorno y la movilidad bilateral entre países de procedencia y de acogida (2010: 27). El fenómeno migratorio no se aborda ya desde un modelo humanitario, sino desde otro principal o exclusivamente relacionado con el mercado detrabajo y la eficiencia económica (Estefanía, 2006).

 Por supuesto, cualquier política de inmigración debe aspirar a ser eficaz, esto es, adecuada a las condiciones de posibilidad, siempre limitadas, de cada tiempo y de cada lugar; pero esta aspiración a la eficacia no puede renunciar a ser legítima, es decir, “acorde con los criterios de legitimidad propios de una democracia plural e inclusiva” y con el respeto de los derechos humanos universales (de Lucas, 2004). No hay nada más falaz que contraponer ambas aspiraciones, como si fueran radicalmente excluyentes.

 Porque cuando este instrumentalismo prevalece sobre el humanitarismo, la tentación de la selección, de la discriminación entre seres humanos, se abre camino y desborda cualquier intento de ponerle límites.

Elegir es excluir

Tiene razón Rifkin cuando, en su particular análisis del “sueño europeo”, señala que la realidad demográfica sitúa a Europa ante un importante dilema: por un lado, parece evidente que la única forma de enfrentar el declive y envejecimiento de la población de la UE es acoger a millones de nuevos inmigrantes; pero por otro, resulta más sencillo hablar de “estimular la diversidad y promover la inclusión” que compartir en la práctica “un mismo espacio y destino” con esas personas extranjeras. De manera que, en su opinión, “el éxito o el fracaso del emergente sueño europeo depende, en gran medida, del modo en que la actual generación de europeos aborde las cuestiones de la natalidad y la inmigración” (Rifkin, 2004: 327-330).

 Lo cierto es que esta contradicción está tensionando hasta el extremo las sociedades y las políticas en todos los países de la Unión Europea. En su último informe, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, órgano del Consejo de Europa para la monitorización de problemas de xenofobia y discriminación, considera que el discurso xenófobo se ha vuelto dominante (mainstreamed) durante la pasada década, ganando en aceptación social a medida que el tono del debate político se ha visto colonizado por una serie de partidos que comparten una retórica similar ante la inmigración. Una prueba evidente de ello la encontramos en el hecho de que en varios países europeos, estos partidos populistas y xenófobos han logrado importantes cotas de poder (ECRI, 2012).

 Como advierte la profesora de Harvard Pippa Norris (2009), allá donde crecen los partidos de derecha radical estos expanden la “zona de aquiescencia” de la opinión pública, normalizando declaraciones y políticas hasta entonces consideradas como extemporáneas o incorrectas, generando así un efecto-agenda que hace que el resto de partidos sigan esa misma pauta. Esto es algo que viene ocurriendo en Europa desde hace ya varios años, de manera que una determinada retórica y una cierta práctica sobre la inmigración, originalmente reducidas a los partidos y las organizaciones de extrema derecha, se han ido convirtiendo en parte de un cierto “sentido común”, ampliamente compartido por los más diversos sectores sociales y políticos (Jozwiak, 2012). Veamos sólo algunos ejemplos.

 El pasado mes de mayo el UKIP (United Kingdom Independence Party), partido que propugna la salida de Gran Bretaña de la UE y el recorte sustancial del número de inmigrantes, obtuvo un 23% de los votos en las elecciones municipales, tan sólo un punto menos que los conservadores.

La reacción del gobierno de Cameron ha sido apresurarse a tomar medidas tales como dejar sin ayudas sociales a los inmigrantes que no hablen inglés, reducir a seis meses el periodo máximo de percepción del seguro de desempleo por parte de inmigrantes procedentes de países de la UE, dar prioridad a los ciudadanos británicos en la concesión de alquileres sociales, así como proponer un proyecto de ley para celebrar un referéndum sobre Europa, en una deriva hacia los márgenes más extremos del conservadurismo que ha sido cuestionada incluso por el viceprimerministro Nick Clegg (Wintour, 2013). Pero lo cierto es que el discurso de Cameron sobre la  inmigración no ha dejado de endurecerse en los últimos meses, asumiendo tanto la temática como la retórica de los partidos y organizaciones más intolerantes (Jowit, 2013; Growes, 2013; Weeks, 2013).

 Lo mismo viene ocurriendo con el discurso del laborismo británico. Su líder, Ed Miliband, ha declarado recientemente que la inmigración de baja cualificación hacia el Reino Unido ha sido demasiado elevada, y que el Partido Laborista hizo las cosas mal mientras gobernaba al ser incapaz de poner restricciones a la inmigración proveniente del Este de Europa (Ross, 2013; Dassanayake, 2013). Utilizando un discurso que mezcla de manera arbitraria los tópicos del populismo (miedo, inseguridad, competencia por recursos escasos, rechazo a la integración), Milliband ha llegado a reconocer ante la Conferencia del Partido Laborista que su objetivo es reducir la inmigración de baja cualificación y por lo tanto la inmigración en su conjunto: “I do want to get low skill immigration down and therefore overall immigration down, yes”; (Renaud- Komiya, 2013).

 En cuanto a Francia, un sondeo del IFOP (Institut français d’opinion publique) para el semanario Le Nouvel Observateur señala que el Frente Nacional liderado por Martine Le Pen podría recibir el 24% de los votos en las próximas elecciones europeas, lo que le convertiría en el partido más votado (Bazin, 2013). Analizando estos datos, el sociólogo Eric Fassin, profesor en la Universidad París VIII, considera que los mismos confirman que “el FN ha dejado de ser un partido marginal, una especie de grupo salvaje colocado más allá del pacto republicano, y se ha situado en el centro del juego político”, y que esto ha sucedido, en buena parte, “porque los grupos mayoritarios se han empeñado en hacerle el juego al FN hablando de sus temas preferidos, inmigración, seguridad y delincuencia” (citado en Mora, 2013). Lo cierto es que en los días anteriores a la publicación del sondeo, el gobierno francés había decidido sumarse a las cancillerías de Berlín, Viena, La Haya y Londres, para impedir que los ciudadanos y las ciudadanas de Rumanía y de Bulgaria puedan acceder al espacio europeo de libre circulación Schengen (Mora y Abellán, 2013), y su ministro del Interior, Manuel Valls, presentado por algunas fuentes como “el antídoto ‘español’ contra el Frente Nacional de Le Pen” (Rivas, 2013), había declarado, en relación a los gitanos europeos, que “no quieren integrarse”, por lo que habría que “devolverlos a sus países” (Mora, 2013). Todo indica que aquella Francia que en 2002 -según dijo entonces Chirac tras vencer con apuros a Jean-Marie Le Pen en las elecciones presidenciales de aquel año- “rechazó sucumbir a la tentación de la intolerancia y la demagogia” (Wolfreys, 2013), ha cambiado muy sensiblemente., como pone de manifiesto el informe de Marion Cadier (2012) para Amnistía Internacional Chassés de toutes parts (Expulsados de todos los lugares). 

Tampoco Italia es ajena a esta extensión de la aquiescencia pública por la retórica anti-inmigración. Un ejemplo reciente lo encontramos en la polémica suscitada por la propuesta de dos senadores del Movimiento Cinco Estrellas, Maurizio Buccarella y Andrea Cioffi, de abolir el delito de inmigración clandestina promulgado en mayo de 2009 por el gobierno Berlusconi. En aquel momento el vicepresidente del Partido Democrático y líder de la oposición, Dario Franceschini, expresó su preocupación con la siguiente reflexión: “Es peligroso que se utilice una demanda legítima de seguridad por parte de los ciudadanos para volver atrás. Ya ha habido un momento en la historia italiana en la que se expulsaba a los niños del colegio por su religión. No podemos volver a las leyes raciales” (Andrade, 2009). Pero la norma, conocida como Ley Bossi-Fini, se aprobó y ha estado en vigor hasta que la tragedia de Lampedusa ha reabierto el debate sobre su abolición. A principios de octubre, por iniciativa de Buccarella y de Cioffi, la Comisión de Justicia del Senado italiano aprobó la supresión del delito de inmigración clandestina, proclamando la necesidad de hacer compatibles la regulación de los flujos migratorios con la concesión de una “hospitalidad digna” a personas que “buscan huir de situaciones de extrema indigencia” y condiciones “inhumanas”. Pues bien, esta iniciativa ha provocado una fuerte crisis en el grillismo (La Repubblica, 10 Ottobre 2013), especialmente cuando Beppe Grillo ha señalado que si en la campaña electoral el M5S hubiese propuesto la abolición del delito de clandestinidad, “avrebbe ottenuto percentuali da prefisso telefónico”4; en definitiva, que no se planteó la cuestión porque la mayoría de la sociedad italiana era partidaria de dicha norma y no hubiera dado su apoyo a un partido que planteara abiertamente su abolición (Nonleggerlo, 2013; Bresolin, 2013; Rangeri, 2013; Damilano, 2013; Mollica, 2013). 

Abundando en esta realidad, el think-tank británico Demos publicó a principios de octubre un informe sobre la situación de la democracia en la UE titulado Backsliders (“retrocesos”). El informe lleva a su portada una frase inquietante, que resume perfectamente la preocupación que destila: “Democracy in Europe can no longer be taken for granted”, la democracia en Europa ya no puede darse por sentada (Birdwell, Feve, Tryhorn & Vibla, 2013). En efecto, del análisis se desprende que Europa sufre desde hace tiempo graves problemas de desconfianza ciudadana hacia las instituciones y partidos, una realidad de corrupción que podría alcanzar el 1% del PIB de la UE (unos 120.000 millones de euros al año), un debilitamiento tanto de la independencia de la justicia como de la libertad de prensa, así como preocupantes expresiones de intolerancia y xenofobia. Como digo, se trata de fenómenos que vienen de lejos, que la actual crisis estaría agravando, pero que no han sido provocados por esta. Es por ello que los autores del informe advierten de que a día de hoy, como consecuencia de una crisis ante la que Europa ha fracasado rotundamente a la hora de encontrar una respuesta efectiva y socialmente aceptable, la realidad puede ser mucho peor.

 Aunque en general son los países del Este (Rumanía, Bulgaria y, sobre todo, Hungría, de quien se dice que sufre “problemas sistémicos”) los que presentan los peores indicadores, ya hemos visto que también países que han sido centrales en la construcción del proyecto europeo salen mal parados, especialmente en lo que se refiere a la aceptación de las minorías, convirtiendo la inmigración y los procesos relacionados con ella (incremento de la complejidad social y del pluralismo cultural y religioso) en elementos centrales de un debate político y social no siempre bien planteado.

 El informe de Demos considera que Europa carece de un análisis y de unas prácticas claramente dirigidas a diagnosticar y a tratar estos retrocesos democráticos. Faltan también liderazgos continentales (la Comisión Europea no lo es en absoluto) que impidan que tales retrocesos se agudicen con la crisis. Esto es particularmente evidente en el caso de la intolerancia y la xenofobia.

Como señala José María Ridao, “si a la hora de pilotar el proyecto comunitario los actuales gobiernos europeos han optado por lo que abiertamente se considera su renacionalización, ¿qué tiene de extraño que la ultraderecha se coloque a la cabeza de esta corriente y exija lo que parece obvio exigir una vez adoptadas las premisas, esto es, llegar cuanto antes al estadio último al que necesariamente conducen?”.

Las consecuencias normativas de la inmigración elegida

Europa siempre ha tenido una relación instrumental con la inmigración, considerándola un fenómeno temporal (Arango, 2005; Parsons & Smeeding, 2006; Citrin & Sides, 2008; Abali, 2009). Esta perspectiva, que puede rastrearse en la política inmigratoria alemana de finales del XIX (Sassen, 1999: 52-63), se convierte en paradigma con el modelo de los guest workers tras la Segunda Guerra Mundial y la política de retorno puesta en práctica tras la crisis de 1973 (Sassen, 1999: 100, 102).

 Según el periodista norteamericano Christopher Caldwell, cuyo libro La revolución europea ha sido importante ampliamente referenciado, en general con grados elevados de acuerdo, aunque también con matices y discrepancias (Woollacott, 2009; Johnson, 2009; Ajami, 2009; von Rohr, 2009; Ruthven, 2009; Sardar, 2010; Rieff, 2010; Lilla, 2010; Sarabia, 2010; Giner, 2010; van den Broek, 2010; Sévillia, 2011), esta política de atracción temporal y retorno posterior no funcionó como estaba previsto, y la consecuencia fue que “Europa occidental se convirtió en una sociedad multiétnica en un momento de despiste”. Su libro es una advertencia contra las consecuencias de ese “despiste” histórico: 

 Europa se convirtió en un destino de inmigración a resultas de un consenso entre sus élites políticas y comerciales. Esas élites, en la medida en que no se planteaban las consecuencias a largo plazo, daban por sentadas algunas cuestiones: los inmigrantes serían pocos en número. Como acudían a llenar huecos a corto plazo en la fuerza de trabajo, la mayoría permanecerían en Europa sólo de manera temporal. Quizá algunos se quedarían más tiempo. Nadie presuponía que fueran a alcanzar nunca el derecho a prestaciones sociales. Que conservarían los hábitos y las culturas de las aldeas, los clanes, los mercados y las mezquitas meridionales, era una idea demasiado extravagante para planteársela (Caldwell, 2010: 19-18).

De nuevo la inteligente ironía formulada a finales de los Sesenta por el escritor suizo Max Frisch: “We called for workforces, but people came instead”, pedimos mano de obra, pero llegaron personas (citado en Chin, 2007: 57). Actualizada por la no menos inteligente e irónica mirada de El Roto: “Todo parecía ir bien, hasta que el patrono descubrió que traían a sus dioses…” (El País, 26/10/2010).

 Desde una perspectiva exclusivamente económica puede ser razonable distinguir entre una inmigración high-skilled, de alta cualificación, que sería la que Europa necesita, y otra low-skilled, de baja o nula cualificación, de la que el continente europeo podría prescindir (Kahanec & Zimmermann, 2010). Una concepción de estas características choca inevitablemente con la complejidad de las causas y de las situaciones que fuerzan a emigrar en un  mundo cada vez más globalizado, además de plantear un problema de primer orden cuando de verdad se pretende aplicar esa distinción.

 La opción instrumental por la inmigración elegida exige como corolario la preocupación activa por el control y la reducción de la inmigración no-deseada, lo que tiene importantes consecuencias perversas: crecientes costes logísticos y de personal, el deseo de esquivar las barreras desemboca en innumerables tragedias humanas, desarrollo de una poderosa industria de la migración clandestina, saturación de los cauces establecidos para la demanda de asilo, fijación de los inmigrantes en el territorio, reduciendo su propensión a la circulación, ya que cuanto mayores son los costes de entrada, mayor es la propensión de quien ha conseguido entrar a quedarse (Arango, 2005: 21).

 Pero, sobre todo, esta opción instrumental tiene importantes efectos institucionales y normativos, ya que afecta sobre la estructuración de nuestra esfera pública y sobre las normas y los valores que la constituyen (Zapata-Barrero, 2001: 153-154). La cuestión de la inmigración, de sus causas y de su gestión, deviene inmediatamente una delicada cuestión moral, ya que tiene que ver con la coerción de la libertad de los individuos y con la diferencia de oportunidades vitales existente entre ellos, cuestiones ambas de profundo calado en nuestra tradición política y filosófica de raíz liberal y democrática (Weiner, 1996: 172). Desde esta perspectiva hay que concluir, con Zapata-Barrero, que las actuales políticas de inmigración privilegian la estabilidad frente a la justicia, lo que significa que expresan “una práctica institucional hacia los inmigrantes basada en principios utilitaristas, que plantean problemas normativos de justicia sobre nuestra propia tradición liberal y democrática” (2001: 154).

 Con ser grave, no es sólo que esta práctica institucional utilitarista tenga un impacto negativo sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, como ha denunciado Amnistía Internacional para el caso de España. Además, esta práctica repercute gravemente sobre el ecosistema cultural y moral de nuestras sociedades ya que, como señala el magistrado Luis Carlos Nieto García,

 en la tensión que se está dando entre la concepción universal de los derechos humanos, y la local y excepcional del derecho de extranjería como repuesta a los flujos migratorios, es donde se está poniendo a prueba la vigencia y solidez de nuestra concepción del mundo y de los derechos. Estamos en un momento en el que la concepción de los derechos humanos como eje central de nuestras democracias occidentales están siendo puesta en cuestión. Y el derecho de extranjería es el lugar donde la pugna de valores aparece de forma más visible (Nieto, 2008/09: 43).

La opción por la criminalización de la inmigración, la instauración de un auténtico “derecho penal del enemigo” fundado sobre la consideración de “no personas” de determinados grupos humanos, la consideración de los extranjeros sin papeles como sujetos sin derechos, habitantes de una sociedad paralela a y enfrentada con la de los ciudadanos titulares de derechos, no es sostenible, o no lo es si aspiramos a vivir en una democracia sin retrocesos (Nieto, 2008/09: 46-47).

 La necesidad nos obliga a gestionar los procesos migratorios en un contexto de complejidad e incertidumbre, atendiendo a factores múltiples muchas veces confrontados entre sí. Seguramente no es posible hacer todo lo que queremos ni todo lo que debemos. Pero esta constatación no nos libera, sino al contrario, de situar los derechos humanos en la centralidad del debate sobre las migraciones, reconociendo en primer lugar que la persona inmigrante no puede tener sólo un valor económico. De lo que se trata es, como se reclama en el denominado Manifiesto de Motril, de “que la cultura de la frontera no triunfe sobre la cultura de los derechos humanos”.

 Discutiendo los planteamientos del ya citado libro de Caldwell, el escritor vasco Fernando Aramburu, residente en Alemania desde 1985 y testigo sensible de los estragos causados por el terrorismo en Euskadi, exponía lo siguiente:    

Hola, soy inmigrante. Me toca la parte desfavorable de la dicotomía ellos-nosotros. Abunda el libro de Christopher Caldwell en renglones alusivos a ella. El viejo miedo y aversión al forastero, especialmente cuando es numeroso. Dicho libro me agrega a las cifras con que los aficionados a las afirmaciones categóricas eslabonan sus estadísticas (80% de esto, 65% de lo otro), fuente argumental, augurio de desgracias, confirmación de temores. Vivo en un país donde no es raro el ciudadano mahometano. Özil, futbolista célebre, lo es. Aygül Özkan, ministra de Asuntos Sociales en el gobierno de Baja Sajonia, también, así como escritores, cómicos o mi dentista. Su presencia ¿constituye un problema? Hay soluciones arraigadas en la tradición europea: destierros, pogromos, campos de exterminio. Más humano me resulta Julián Marías cuando en 1956 exhortó a inventar “formas históricas de convivencia con esos otros mundos que, nos guste o no, están ahí”.

 Sólo un matiz: que están aquí.

 

 

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