Los lobbies. Documentos, sesión noviembre 2015

Las bondades del Lobby, entrevista a Joan Navarro

F.F.S.: Actualmente, en España se está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. ¿Qué solicitan las empresas que se dedican a trabajar para los lobbies?
J.N.: En España, a diferencia de la Unión Europea, no hay ningún tipo de regulación de los grupos de interés, únicamente hay un reconocimiento de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y de la propia Iglesia como elementos constitucionales que conforman el interés general; pero, a partir de ahí, no existe ningún tipo de reconocimiento.
Las empresas que nos dedicamos a trabajar para los lobbies, a través del Foro por la Transparencia, constituido por algunas de las principales consultorías de España, estamos pidiendo que la legislación europea –que contempla un registro y un código deontológico, una determinada manera de hacer las leyes y una determinada huella digital para que todo el mundo sepa quién ha influido en una normativa– se traslade a España. Entendemos que la Ley de Transparencia que presenta el Gobierno español es una buena oportunidad para dar un primer paso. 
Somos muchas las organizaciones que le estamos pidiendo al Gobierno y a los diputados que abran el debate e incorporen en la Ley de Transparencia un conjunto de enmiendas que empiece a preparar el camino. Y digo “empiece”, porque aquí es tanto o más importante lo que haga el Gobierno como lo que luego haga el Parlamento con respecto a sus propias normas. El Gobierno no le puede decir al Parlamento lo que tiene que hacer, por lo tanto esta Ley es una ley que se tiene que aplicar al Gobierno, al que estamos pidiendo: un registro de los grupos de interés, que para acceder al mismo sea obligatorio aceptar un código deontológico y de buenas prácticas y, si es posible, que se hagan públicas las agendas de los altos cargos para que exista transparencia con respecto a todos los demás.
También estamos solicitando al Gobierno que recomiende al Senado y al Congreso recorrer ese mismo camino, de manera que, en un corto plazo, el reglamento del Congreso de los Diputados y el Senado pueda introducir algunas modificaciones para que el mismo código y registro se aplique o sea compartido (como ya ocurre en la UE con el Parlamento y el Senado), y que todos sepamos quiénes influimos, a qué grupos representamos, cuánto dinero se gastan los grupos en esa influencia, qué nivel de efecto tiene en el proceso legislativo y que, si los documentos que acompañan a los procesos legislativos o a las enmiendas los ha incorporado alguien en la visión del diputado, sepamos quién es para conseguir una actividad más transparente. 
La ventaja de la transparencia es que, si una gran empresa puede influir y lo hace transparentemente, el grupo social que se vea afectado podrá organizarse para ejercer también su influencia. Eso proporciona al legislador una visión más rica de sus responsabilidades y proporciona a la sociedad civil en su conjunto, no solo a la económica, la posibilidad de influir mejor en los procesos legislativos, algo que es beneficioso para el conjunto de la democracia.

¿Antidemocrático o inevitable?

Daniel Guéguen le quitaba misticismo a la figura del lobby hace unos años en el diario Cinco Días. “Cada poder necesita un contrapoder. En España está admitido que la sociedad civil (los sindicatos, especialmente, pero también los docentes, los consumidores, los ecologistas…) sea consultada con regularidad por el legislador. Resulta importante, en efecto, que el poder político escuche la opinión de los actores sociales, apele a su conocimiento y después decida en función de la relación de las fuerzas políticas”.

Según esto, los lobbies son las formas postmodernas y adaptadas a la burocracia de las patronales y los sindicatos. Fernando Navarro está de acuerdo con que los lobbies “en todas las democracias, todos lo representantes políticos se entrevistan con responsables sindicales, asociativos, empresariales, sectoriales , etc….”, nos dice por e-mail. “Con o sin registro, cada europarlamentario puede salir a la Plaza de Luxemburgo de Bruselas a tomarse unas cañas con quien desee y naturalmente puede ser con el representante de… pongamos que EWEA, el lobby del sector de la energía eólica, en el que muchos intereses españoles están representados, pero a través del cual se vehicula también mucha ideología industrial, económica, social o cultural”. Por tanto, “aunque para algunos los lobbies son la legitimación de una trampa democrática, es una trampa imposible de fiscalizar o desintegrar“, concluye Navarro.

Otra visión crítica nos la aporta Letizia Gambini, que trabaja en Bruselas en el Foro Europeo de la Juventud: “Los lobbies en Bruselas son mucho más invisibles de lo que te puedes imaginar”, nos cuenta desde su participación en los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, en Gijón. “Muchas compañías han abierto oficinas y sucursales en Bruselas. Por ejemplo Google, que amplió su presencia y sus grupos de presión tras el reciente debate parlamentario sobre el Paquete de Telecomunicaciones“, un conjunto de medidas para regular entre otras cosas el acceso a Internet.

Preguntados sobre si los lobbies tienen tanta presencia en Europa como en Estados Unidos, tanto Navarro como Gambini coinciden en argumento y frase: “estamos todavía lejos de Washington”. Gambini nos explica que “el sistema político en EEUU está basado y estructurado alrededor de los grupos de presión. Las cantidades de dinero que allí se invierten son todavía mucho más grandes que en la UE, aunque algunos dicen que eso es porque Europa no ha descubierto aún todo el poder que los grupos de presión pueden tener”.

Paramos. ¿Y las organizaciones de defensa de los derechos humanos? ¿O las ecologitas? ¿O las defensoras de la multiculturalidad o la educación pública y laica? ¿No son grupos de presión que también ponen en peligro la transparencia de los parlamentarios? Letizia Gambini reconoce que “como ‘lobby’ suena a algo malo, inhumano y orientado únicamente al beneficio económico, cuando hablamos de asuntos más sociales solemos hablar de advocacy“, un término en inglés muy utilizado y que significa algo así como ‘defensa’ o ‘apoyo’, digamos que referido un activismo académico o institucional como el que pueden hacer Amnistía Internacional o Human Rights Watch, “que cuentan con muchísimos menos medios”.

Un estudio reciente afirma que está aumentando el número de lobbies que defienden los intereses no sólo de empresas sino de Gobiernos: “por ejemplo la agencia Bell Pottinger ha presionado desde 2005 a favor de los intereses de Sri Lanka, que es responsable de graves violaciones de los derechos humanos. No parece que las consultoras se paren a comprobar la ética de sus clientes”, dice el informe.

Los lobbies escapan al control de la UE

Menos de la mitad de los grupos de presión de Bruselas se inscriben en el registro voluntario de la Comisión Europea
DANIEL BASTEIRO Bruselas 07/03/2009 08:00

Son entre 15.000 y 20.000. Su agenda está llena de reuniones con funcionarios de la Comisión Europea, la institución que redacta las leyes de la Unión Europea (UE). Con frecuencia, invitan a comer a los eurodiputados, que son los que enmiendan la normativa. Y también cortejan a los representantes de los gobiernos europeos, encargados de dar el visto bueno final a cualquier cambio legislativo. Siempre están disponibles, visten impecablemente y hacen gala de unos modales exquisitos para demostrar la máxima de que “en Bruselas, la influencia es personal”.

Son los grupos de presión o lobbies, empresas cuya única tarea es influir en la legislación de la Unión Europea para favorecer a sus clientes, a menudo multinacionales, pero también medianas empresas y ONG.

Sin embargo, numerosas organizaciones pro-transparencia critican que su influencia sobre las directivas que salen de Bruselas es exagerada. La Comisión Europea puso en marcha en junio pasado un registro voluntario para los grupos de interés, en el que, de momento, se han apuntado 1.121 lobbies, menos de la mitad de las 2.600 entidades que se calcula que tienen oficinas en Bruselas.

El registro voluntario exige a las empresas que revelen el nombre de sus clientes, las grandes áreas sobre las que trabajan y que cifren su volumen de negocio dentro de amplios tramos.

¿Sirve esto de algo? Algunas organizaciones partidarias de la transparencia creen que no. “Un registro voluntario, que no establece sanciones, que no ejerce un control sobre las actividades de estos grupos, no podrá ser nunca efectivo”, asegura Paul de Clerck, miembro de Friends of the Earth y de Alter EU.

¿Influir o asesorar?

En cualquier caso, muchas de las entidades se niegan a inscribirse. Son sobre todo despachos de abogados y centros de estudios o think-tanks, que alegan que su misión no es influir, sino prestar asesoramiento. Para Jana Mittermaier, de Transparencia Internacional, esta actitud es la prueba de que el registro no funciona. De Clerck denuncia también el contraste entre esta situación y la de EEUU, donde Barack Obama “endureció las condiciones para hacer lobby en Washington en su primer día de mandato”.

Craig Holman, asesor del equipo de transición del nuevo presidente estadounidense, explica que “Obama ha prohibido que nadie pueda entrar en un departamento si en los dos últimos años ha formado parte de un grupo de presión”, Además, a los ejecutivos que dejen la Administración Obama les prohíbe hacer lobby durante su mandato”, indica Holman.

Valerie Rampi, portavoz del vicepresidente de la Comisión y autor del registro europeo, Siim Kallas, rechaza toda comparación y recuerda que el proyecto se encuentra en su “fase piloto”, que se revisará en junio. “Es verdad que no se han apuntado todas las empresas que querríamos, pero es un primer paso y las empresas han comenzado a ver la utilidad”, asegura.

En EEUU, además, “son los grupos de presión los que financian las campañas presidenciales y todo el sistema político, por lo que se necesitan reglas distintas”, recalca. El registro europeo, a diferencia del de EEUU, voluntario y más fiscalizador, aspira según Rampi, “a estimular, a ser un instrumento que mejore la imagen de las empresas y que por eso quieran estar”.

El peor

Una entrega de premios muy conocida en el mundo de los lobbies pretende demostrar a la Comisión Europea que la buena fe no basta cuando se trata de directivas que afectan a 500 millones de ciudadanos. Son los galardones al peor lobby, que este año han recaído sobre la empresa española Abengoa y otras compañías del sector de los biocarburantes por ensalzar la misión ecológica de su negocio ante las acusaciones de ser responsables de deforestación por los ecologistas. La eurodiputada finlandesa Piia-Noora Kauppi, defensora en la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara del liberalismo económico, fue galardonada con el premio al peor conflicto de interés, al saberse que desde enero trabajaría como directiva de un lobby al que, según los organizadores, favoreció desde su cargo institucional.

Entre las nominadas a los premios, también estaba GPlus, fundada por Peter Guilford, un antiguo empleado de la Comisión Europea, por hacer lobby ruso en la UE durante la guerra de Georgia. Su empresa, con un volumen de negocio de un millón de euros en 2007, representa también los intereses de Microsoft, Panasonic o Telefónica, y fue la primera en ser expulsada del registro por no revelar el nombre de todos sus clientes.

Guilford se siente una “víctima de nuestra excesiva transparencia”, asegura, ya que inscribió a su entidad “incluyendo que teníamos algunos acuerdos confidenciales [con Toyota o Europcar]”. Tras convencer a sus clientes para salir a la luz, GPlus volvió al registro, que considera “ineficaz por su poca exigencia y por no establecer una definición de lobby”. Guilford, como la mayoría de lobistas, rechaza ser considerado sospechoso y exige el derecho de “mis clientes a ser escuchados como una voz más”.

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